Santiago de Chile, 1 de junio.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este lunes la creación de un “Registro de Vándalos e Incivilidades”, una iniciativa legislativa que busca identificar a personas que cometan determinados actos en la vía pública y vincularlos a la pérdida de beneficios sociales.
El anuncio fue realizado durante la cuenta pública presidencial ante el Congreso en Valparaíso, donde el mandatario centró parte de su discurso en materia de seguridad y orden público.
Un registro para sancionar conductas en la vía pública
Kast informó que en los próximos días su Gobierno ingresará un proyecto de ley para establecer este registro, el cual incluiría a personas que hayan participado en acciones como agresiones a funcionarios públicos, daños a la infraestructura urbana o interrupciones del transporte.
Según explicó, el objetivo es ampliar el alcance de la política de seguridad más allá de los delitos tradicionales, incorporando también conductas consideradas como “incivilidades”.
El presidente sostuvo que “no basta con combatir al crimen organizado y a la delincuencia”, sino que también es necesario abordar comportamientos que, a su juicio, deterioran la convivencia en barrios y espacios públicos.
Pérdida de beneficios sociales
Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es la vinculación del registro con el acceso a beneficios del Estado.
De acuerdo con lo anunciado, quienes figuren en este listado podrían perder ayudas como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal o subsidios de arriendo.
El mandatario argumentó que “nadie que destruya lo público merece tener una pensión garantizada universal”, en referencia a la idea de condicionar beneficios sociales a la conducta ciudadana.
Conductas incluidas como “incivilidades”
El proyecto también contempla la definición legal de ciertas conductas como incivilidades, aunque no constituyan delitos penales.
Entre ellas se mencionan la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados no autorizados en espacios públicos o privados y la destrucción de equipamiento comunitario.
Kast defendió la medida asegurando que estas acciones afectan directamente a la vida cotidiana de las comunidades y generan deterioro del entorno urbano.
Debate político en torno a la medida
El anuncio abre un nuevo debate político en Chile sobre el equilibrio entre seguridad, derechos sociales y sanciones administrativas, en un contexto en el que la seguridad pública se ha convertido en uno de los principales temas de discusión nacional.
La propuesta deberá ahora ser presentada formalmente en el Congreso, donde se prevé una discusión intensa entre oficialismo y oposición.
