La Paz, 15 de mayo.- El Gobierno de Bolivia denunció la existencia de un supuesto “plan macabro” para derrocar al presidente Rodrigo Paz, el cual, según el vocero gubernamental José Luis Gálvez, estaría financiado por el narcotráfico y promovido por sectores políticos vinculados al expresidente Evo Morales.
El portavoz afirmó que las protestas sociales que se registran en distintas regiones del país formarían parte de una estrategia para “romper el orden constitucional” y desestabilizar al Ejecutivo.
El vocero Gálvez aseguró en conferencia de prensa que estas acciones habrían sido “pensadas, financiadas y operadas” desde la región del Chapare, bastión político y sindical de Morales en Cochabamba.
“Estas fuerzas oscuras quieren desestabilizar la democracia”, declaró, añadiendo que el Gobierno no permitirá que el país sea “secuestrado por políticos del Chapare en alianza con el narcotráfico”.
Protestas, bloqueos y violencia en aumento
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente conflictividad social, con bloqueos de carreteras, movilizaciones sindicales y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en La Paz.
Este jueves, cooperativistas mineros protagonizaron choques con la Policía mientras sus dirigentes mantenían reuniones con el Gobierno para intentar desactivar las protestas.
De forma paralela, la Central Obrera Boliviana (COB) anunció su adhesión a las movilizaciones tras rechazar demandas de incremento salarial, elevando la presión sobre el Ejecutivo.
Marchas hacia La Paz y crisis política
En paralelo, seguidores del expresidente Evo Morales iniciaron una marcha hacia La Paz para rechazar reformas constitucionales impulsadas por el Gobierno y exigir el cese de los procesos judiciales contra el exmandatario.
Llamado al diálogo y advertencias del Ejecutivo
Pese a las acusaciones cruzadas, el Gobierno ha reiterado su disposición al diálogo con los sectores movilizados que presenten demandas sociales consideradas legítimas.
El avance de estas movilizaciones ha incrementado la tensión política en la capital boliviana, donde se reportan bloqueos con múltiples piquetes que afectan la circulación y el abastecimiento.
Sin embargo, el vocero Gálvez no descartó la aplicación de medidas de excepción para garantizar el orden público, asegurando que el Ejecutivo hará uso de todas las herramientas constitucionales disponibles si la situación lo requiere.
