Madrid, 23 abril.— El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido prorrogar hasta el 28 de mayo la instrucción del caso que investiga un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al rescate público de la aerolínea Plus Ultra, según un auto fechado este jueves.
En la misma resolución, el magistrado ha acordado extender también el secreto de las actuaciones, que inicialmente estaba previsto que concluyera el 28 de abril, con el objetivo de preservar el avance de las diligencias en curso.
La causa, que inicialmente fue instruida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, se centra en el rescate de 53 millones de euros concedido a la compañía aérea durante la pandemia. En un primer momento, la investigación fue archivada con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, pero el caso fue reabierto posteriormente a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Tras esa reapertura, la instructora se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia del procedimiento el pasado 3 de marzo.
La investigación ha cobrado nueva relevancia tras las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que en 2024 apuntaron a la posibilidad de que parte de los fondos del rescate pudieran haber sido utilizados para operaciones de blanqueo vinculadas a presuntos casos de corrupción en Venezuela.
En el marco de estas actuaciones, en diciembre de 2025 fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el consejero delegado Roberto Roselli, un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez, quienes posteriormente quedaron en libertad. La operación fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y contó con el apoyo operativo de la UDEF.
Durante las diligencias, agentes policiales también registraron las oficinas centrales de la aerolínea con el objetivo de analizar documentación fiscal y societaria, cuyo estudio ha llevado al juez a ampliar el alcance de la investigación al considerar que podrían existir ramificaciones más amplias de las inicialmente contempladas en la querella.
El procedimiento continúa bajo secreto judicial mientras la Audiencia Nacional avanza en la recopilación y análisis de pruebas para determinar si el rescate público otorgado a la compañía estuvo vinculado a actividades ilícitas.
