Bogotá, 15 de abril de 2026 — La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia continuó en ascenso durante 2025, con un total de 165 asesinatos y 874 agresiones, lo que representa un incremento del 5% respecto al año anterior, según el informe anual de la organización Somos Defensores.
El reporte, basado en datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos, advierte que el panorama sigue siendo crítico, especialmente para las mujeres defensoras, que representaron el 15% de las víctimas mortales, con 27 asesinatos, un aumento del 42% frente a 2024.
La organización también alertó sobre la persistente impunidad estructural, señalando que entre 2002 y 2025 se registraron 1.840 asesinatos de defensores, pero solo el 12% ha terminado en sentencias condenatorias, lo que evidencia graves fallas en el sistema judicial.
Según el informe, el 86% de los casos continúa sin resolución efectiva, y en más de la mitad de los hechos ocurridos entre 2016 y 2025 los responsables no han sido identificados.
El documento cuestiona además la respuesta institucional frente a esta crisis de seguridad, al señalar deficiencias en las políticas de protección durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en la implementación de medidas preventivas y de atención a comunidades en riesgo.
Las amenazas siguen siendo la principal forma de violencia contra defensores, representando el 55% de los casos, seguidas de asesinatos, atentados y desplazamientos forzados. Estas últimas categorías también registraron aumentos significativos durante el último año, reflejando una escalada generalizada de la violencia.
El informe destaca al departamento del Cauca como el epicentro del conflicto, con 238 agresiones registradas, lo que supone un incremento del 21% respecto al año anterior. En esta región se concentran asesinatos, amenazas, secuestros y desplazamientos forzados vinculados a la presencia de grupos armados ilegales.
La organización concluye que la violencia selectiva contra líderes sociales no solo persiste, sino que se ha agravado, en un contexto donde la disputa territorial entre actores armados sigue debilitando la seguridad en varias regiones del país.
Otras organizaciones, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, han reportado cifras aún mayores, mientras que Naciones Unidas ha advertido que Colombia continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos.
