Bogotá, 8 de abril.- Un tribunal de Colombia ordenó este martes la libertad inmediata del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, tras determinar que la Fiscalía no presentó la acusación formal dentro del plazo legal establecido.
La decisión fue adoptada por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, quien dio la razón a la defensa al considerar que se vencieron los 120 días que la ley otorga para radicar la acusación y avanzar hacia el juicio.
Bonilla, quien permanecía detenido desde diciembre de 2025, continuará vinculado al proceso penal, pero en libertad, mientras avanza la investigación por presuntos actos de corrupción dentro del actual gobierno.
La Fiscalía General de la Nación de Colombia apeló de inmediato la decisión, argumentando que, según su interpretación, los términos procesales aún no han expirado.
El caso ha generado un fuerte impacto político, ya que involucra a figuras cercanas al gobierno del presidente Gustavo Petro, quien reaccionó públicamente defendiendo la inocencia del exministro. “Tenían a un inocente preso arbitrariamente”, afirmó el mandatario, negando además que su administración haya comprado apoyos en el Congreso.
Bonilla enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, delitos que podrían acarrear penas de hasta 27 años de prisión.
Según la Fiscalía, el exministro habría participado, junto al también procesado exministro del Interior Luis Fernando Velasco, en un esquema para direccionar contratos públicos desde entidades como el Instituto Nacional de Vías y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El supuesto objetivo de estas maniobras habría sido asegurar el respaldo de congresistas a proyectos clave del gobierno, incluyendo la reforma pensional —que fue aprobada— y la reforma a la salud, que finalmente no prosperó.
Tanto Bonilla como Velasco han rechazado las acusaciones. El exministro de Hacienda ha sostenido durante las audiencias que actuó dentro del marco legal y aseguró tener la “certeza de no haber cometido ningún delito”.
La decisión judicial reabre el debate sobre los tiempos procesales en casos de alto perfil y añade presión política en un momento delicado para el gobierno colombiano, que enfrenta cuestionamientos por presuntos casos de corrupción en su administración.
