QUÉBEC, 27 mar.- El gobierno de Simon Jolin-Barrette, bajo la administración de la Coalition Avenir Québec (CAQ), presentó el proyecto de ley 24 con el objetivo de combatir el uso fraudulento de la identidad y la imagen de personas en internet, en respuesta al creciente número de estafas digitales en la provincia.
La iniciativa busca proteger a los consumidores frente a prácticas engañosas en las que estafadores utilizan rostros, voces o identidades de figuras públicas sin consentimiento para promocionar productos o servicios fraudulentos, como inversiones falsas o remedios milagro. Entre los afectados figuran personalidades como Véronique Cloutier, Normand Brathwaite y Maripier Morin.
El proyecto de ley contempla la fusión de la Oficina de Protección al Consumidor (OPC) y la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), otorgándoles nuevas facultades para emitir órdenes directas contra individuos o empresas que utilicen imágenes sin autorización, incluso sin necesidad de una orden judicial previa.
En caso de incumplimiento, los responsables podrían enfrentar procesos ante el Tribunal Superior y cargos por desacato, con posibles penas de prisión. Además, las multas previstas alcanzan hasta 62.500 dólares para personas físicas y 125.000 dólares para empresas, o incluso el 5 % de sus ingresos globales anuales.
El gobierno también contempla acciones penales contra las plataformas que difundan este tipo de contenidos, incluyendo grandes compañías tecnológicas como Meta, lo que amplía significativamente el alcance de la normativa.
Según explicó Jolin-Barrette, la propuesta surge tras múltiples casos de ciudadanos que han perdido importantes sumas de dinero, incluso retirando fondos de ahorro para la jubilación, debido a este tipo de fraudes. Asimismo, el ministro destacó el impacto del documental Marie vs. Goliath, impulsado por la presentadora Marie-Claude Barrette, como un factor clave para acelerar la respuesta legislativa.
El proyecto de ley también refuerza los mecanismos para que las víctimas puedan recuperar su dinero y fomenta la denuncia ante las autoridades policiales y el Centro Canadiense Antifraude.
La propuesta deberá ahora avanzar en su trámite legislativo antes de convertirse en ley, en un contexto donde el fraude digital y la suplantación de identidad se han convertido en una preocupación creciente en Canadá.
