Bogotá, 30 dic.- La inscripción del comité promotor de una Asamblea Nacional Constituyente, realizada el pasado viernes por el Gobierno de Colombia ante la autoridad electoral, ha desatado un intenso debate político y jurídico en el país, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
Con esta iniciativa, el presidente Gustavo Petro busca impulsar cambios estructurales que su administración no logró concretar a través de las reformas sociales tramitadas en el Congreso de la República, entre ellas la reforma a la salud, que fue archivada recientemente por falta de apoyos parlamentarios.
La propuesta ha generado reacciones encontradas. Para el exsenador Humberto de la Calle, uno de los protagonistas de la Asamblea Constituyente de 1991 y exjefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC, el proceso promovido por Petro resulta inapropiado y no debe convertirse en una herramienta electoral.
“No es correcto decir simplemente que la Constitución no se toca, porque hay aspectos que entraron en crisis, como la justicia o el ordenamiento territorial. Pero la reforma debe hacerse con consensos, no para convertir la Constitución en un arma de batalla política. La del 91 fue fruto de un acuerdo nacional previo”, afirmó De la Calle.
Defensa del presidente Petro
La inscripción del comité se produjo dos meses y medio antes de las elecciones legislativas, previstas para el 8 de marzo, y de la primera vuelta presidencial, que se celebrará el 31 de mayo de 2026, con una eventual segunda vuelta el 21 de junio.
Ante las críticas, el mandatario defendió la legalidad y el calendario del proceso, asegurando que “la Constituyente no se hará en época electoral”. Según explicó, la inscripción del comité da inicio a la recolección de firmas, un proceso que se extenderá por tres meses.
Para que la iniciativa llegue al Congreso, se requiere el respaldo del 5% del censo electoral, equivalente a cerca de tres millones de firmas. Petro indicó que, de alcanzarse esa cifra, el proyecto será presentado el 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso elegido en marzo.
“Será el nuevo Congreso el que debata la propuesta, cuando ya no haya elecciones. Y si es aprobada por el Legislativo y la Corte Constitucional, la fecha para elegir constituyentes la fijará la Corte, sin que coincida con el actual calendario electoral”, sostuvo el jefe de Estado.
No obstante, esta no es la primera vez que Petro plantea la idea de una Asamblea Constituyente, una iniciativa que ha sido duramente cuestionada por la oposición y por expertos en derecho constitucional, quienes advierten sobre sus posibles efectos en el orden institucional y la estabilidad democrática del país.
Advertencias desde la Iglesia y exaliados del Gobierno
El arzobispo de Bogotá, monseñor Luis José Rueda, expresó su preocupación en declaraciones al diario El Espectador, al considerar que “no es prudente” promover una Constituyente en un año electoral. “Una asamblea constitucional puede ser factible, pero no debe mezclarse con procesos electorales”, subrayó.
En una línea más crítica, Alejandro Gaviria, exministro de Educación del actual Gobierno, afirmó que la iniciativa no busca un cambio social, sino que constituye una estrategia política para mantenerse en el poder.
“La Constituyente permitiría usar recursos públicos en campaña, seguir desgastando las instituciones con fines electorales y desviar la atención de los escándalos de corrupción, el problema fiscal y la ineficacia del Gobierno”, escribió Gaviria en la red social X.
La discusión sobre la Asamblea Constituyente en Colombia se perfila así como uno de los ejes centrales del debate político en los meses previos a las elecciones de 2026, en un país profundamente polarizado sobre el alcance y los límites de una eventual reforma constitucional.
