Ciudad de México, 11 Nov.- La investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en Michoacán, se amplió para incluir a sus escoltas municipales, luego de que el agresor, un joven de 17 años, fuera abatido tras ser detenido, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
“Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar”, señaló García Harfuch durante la conferencia presidencial matutina. Se analiza además el arma que mató al agresor y la utilizada contra el alcalde, aunque no se precisó si los 14 guardias nacionales a cargo de la protección también serán investigados.
Manzo, político independiente de 40 años, fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre, en medio de las celebraciones del Día de Muertos. Según el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se investigan las razones del disparo que abatió al agresor y si hubo uso excesivo de la fuerza, además de qué provocó que se debilitara su círculo de seguridad.
El secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla, aseguró que el protocolo de la Guardia Nacional no falló, sino que la falla ocurrió en otra área, y destacó que si Manzo hubiera aceptado únicamente la protección de los guardias nacionales, su seguridad hubiera sido mayor.
Contexto del crimen y respuesta federal
Manzo era un político crítico de la corrupción, extorsiones y violencia en la región. La fiscalía vincula su asesinato con el crimen organizado, aunque no descarta otras hipótesis. Este homicidio se produjo semanas después del asesinato de un líder limonero, lo que generó indignación y protestas populares.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan especial para Michoacán, con el envío de más militares y una inversión de más de 3.000 millones de dólares, buscando combatir la delincuencia, frenar las extorsiones y proteger a la población.
Michoacán es uno de los estados con más homicidios de México, donde diversos cárteles luchan por el control territorial para el tráfico de drogas y la extorsión de productores de aguacate, limón y comerciantes locales. El plan federal busca también impedir la incorporación de jóvenes al crimen organizado mediante mayor inteligencia y presencia estatal.
