Lima, 14 junio.- La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú resolvió este viernes restituir a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, anulando las sanciones disciplinarias que motivaron su destitución en mayo de 2023. La decisión se produce tras una revisión del caso bajo una nueva conformación de la JNJ, el máximo órgano de control de la judicatura en el país.
La resolución, difundida por medios locales, ordena dejar sin efecto la destitución de Benavides, quien fue separada del cargo tras ser acusada de interferir en una investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides, y de haber promovido la destitución de la fiscal Bersabeth Revilla mediante un informe de supuesta baja productividad firmado por la fiscal suprema Azucena Solari.
Además de Benavides, la JNJ también ordenó reponer en sus cargos a Enma Benavides y Azucena Solari, levantando las sanciones que ambas enfrentaban. Un nuevo instructor deberá asumir el curso de la investigación interna aún vigente.
Cese de la actual fiscal y retorno inmediato
La decisión también instruye oficiar a la actual fiscal general, Delia Espinoza, para que se proceda con el reintegro inmediato de Patricia Benavides, cuyo mandato está previsto para finalizar el próximo 1 de julio. Su abogado defensor, Wilber Medina, confirmó que su clienta está habilitada para retomar funciones de inmediato.
Benavides había sido suspendida de forma temporal en diciembre de 2023, antes de ser oficialmente destituida. La decisión previa se basó en un procedimiento disciplinario que le imputó cuatro faltas muy graves, entre ellas interferencia en procesos fiscales y abuso de autoridad.
Denuncias constitucionales aún vigentes
A pesar de su restitución, Benavides enfrenta una investigación penal activa por presuntamente liderar una organización criminal de tráfico de influencias dentro del Ministerio Público. La Fiscalía ha solicitado una suspensión de 36 meses por esta causa.
El jueves, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional ante el Congreso, acusándola de los delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y abuso de autoridad. Según la Fiscalía, Benavides habría acordado el nombramiento de fiscales afines al abogado José Luis Castillo Alva, quien está vinculado a la presunta red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una mafia judicial integrada por jueces y fiscales.
Escenario político y judicial en tensión
Este giro en el caso de Benavides reaviva las tensiones en el sistema de justicia peruano y plantea serios cuestionamientos sobre la estabilidad institucional. Su retorno al cargo, aunque breve, podría tener implicaciones inmediatas en las causas internas del Ministerio Público y el equilibrio entre poderes.
Los próximos días serán claves para determinar si el Congreso admite la denuncia constitucional y si la JNJ mantiene su decisión ante las crecientes presiones políticas y sociales.
