BOGOTÁ, 3 JUNIO.— La Fiscalía de Colombia anunció este martes que imputará cargos por tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Esta decisión forma parte de las investigaciones relacionadas con el mayor entramado de corrupción que ha salpicado al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En una rueda de prensa, la fiscal María Cristina Patiño explicó que Bonilla será acusado específicamente por su presunta participación en la adjudicación irregular de contratos por un valor de 92.000 millones de pesos (aproximadamente 21,4 millones de dólares actuales). Según las investigaciones, dichos contratos habrían beneficiado a seis congresistas a cambio de su apoyo para ampliar el cupo de endeudamiento del Gobierno.
El Rol de Bonilla en el Caso UNGRD
Ricardo Bonilla ocupó el cargo de segundo ministro de Hacienda durante el gobierno de Petro, desde mayo de 2023 hasta diciembre de 2024, cuando renunció tras ser vinculado a las denuncias relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este organismo, responsable de la prevención y mitigación de desastres naturales, se encuentra en el centro del escándalo de corrupción más grave del actual mandato presidencial.
Las revelaciones sobre el caso comenzaron a surgir en febrero del año pasado, cuando el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, proporcionó información clave a la Fiscalía. Desde entonces, las investigaciones han expandido su alcance para incluir no solo funcionarios de alto nivel del Gobierno, sino también figuras prominentes del Congreso.
Pruebas Contra Bonilla
La Fiscalía fundamentó su decisión de imputar cargos contra Bonilla en las pruebas entregadas por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. Estas pruebas forman parte de un principio de oportunidad que será evaluado por un juez de control de garantías en los próximos días.
«Una vez el juez avale este principio de oportunidad, procederemos a solicitar la audiencia de formulación de imputación contra el exministro Bonilla», declaró la fiscal Patiño.
Detenciones de Miembros del Congreso
El caso también ha llevado a la detención de dos expresidentes del Congreso: Iván Name, de la Alianza Verde, y Andrés Calle, del Partido Liberal. Ambos fueron capturados el pasado 7 de mayo por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, acusados de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
Según las investigaciones, recursos de la UNGRD fueron desviados ilegalmente en 2023 para financiar sobornos destinados a asegurar el respaldo de Name y Calle. Uno de los proyectos involucrados fue la compra de 40 camiones para abastecer de agua al departamento de La Guajira. Sin embargo, los vehículos adquiridos no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas, evidenciando graves irregularidades en el proceso.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y condenado por este caso a más de cinco años de prisión, confirmó que los fondos utilizados para estos sobornos provinieron directamente del presupuesto del organismo.
Implicaciones para el Gobierno de Petro
Este escándalo ha generado una ola de críticas hacia el Gobierno de Gustavo Petro, quien ha enfrentado crecientes demandas de transparencia y rendición de cuentas. Aunque el presidente ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción, el caso ha erosionado la confianza pública en su administración.
Con la imputación de cargos a Bonilla y las detenciones de prominentes líderes políticos, el caso de la UNGRD sigue escalando, dejando entrever que podría haber más nombres implicados en las próximas etapas de la investigación.
