Bogotá, 6 de mayo.- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este martes la imposición de supuestas “condenas” de hasta cinco años de denominada “prisión revolucionaria” contra funcionarios del Estado colombiano que permanecen secuestrados desde 2025, una decisión que ha provocado un fuerte rechazo por parte del Gobierno y organismos de derechos humanos.
Según un comunicado difundido por el Frente de Guerra Oriental del ELN, los afectados serían miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de Colombia y de la Policía Nacional, a quienes la guerrilla acusa de delitos como espionaje y pertenencia a organismos estatales que, según su versión, estarían vinculados a violaciones de derechos humanos.
Entre los secuestrados figuran Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, retenidos en el departamento de Arauca, así como dos miembros de la Policía Nacional de Colombia identificados como Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza.
El grupo armado ilegal aseguró que en estos llamados “juicios revolucionarios” se decidió no aplicar la pena capital y que se reconocerá el tiempo que las víctimas han permanecido en cautiverio como parte de la supuesta condena.
El anuncio ha sido duramente rechazado por el Gobierno colombiano. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, calificó la decisión como “cobarde” y afirmó que el ELN no tiene ninguna autoridad legal ni moral para ejercer funciones judiciales.
“El ELN no es autoridad. No representa justicia. Es un cartel del narcotráfico”, señaló el ministro, quien exigió la liberación inmediata de los secuestrados y pidió respaldo internacional para aumentar la presión sobre el grupo armado.
También se pronunció la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien recordó que la privación de libertad en estos casos constituye un delito de secuestro y que, según el Derecho Internacional Humanitario, debe cesar sin condiciones.
El departamento de Arauca, donde ocurrieron los secuestros, es una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia, con presencia de grupos ilegales que disputan el control de rutas del narcotráfico y economías ilícitas, lo que mantiene altos niveles de violencia e inestabilidad en la zona.
