Redacción Internacional, 4 jun.- Dos gobernadores mexicanos negaron este miércoles estar siendo investigados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, en medio de una creciente tensión diplomática tras nuevas acusaciones judiciales contra mandatarios regionales en México.

El diario estadounidense Los Angeles Times informó que la justicia de Estados Unidos estaría investigando a los gobernadores de los estados de Sonora y Tamaulipas, regiones fronterizas marcadas por la violencia y la disputa entre cárteles por rutas de tráfico de drogas.

Ambos mandatarios, pertenecientes al partido de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, rechazaron las acusaciones y afirmaron que no existen pruebas en su contra.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, negó cualquier vínculo con actividades ilícitas y aseguró que mantiene su documentación migratoria en regla, después de que el medio estadounidense señalara una supuesta cancelación de su visa. “Tengo mi visa vigente”, afirmó en rueda de prensa, defendiendo su trayectoria política.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, rechazó las acusaciones relacionadas con supuestas investigaciones por tráfico de combustible, conocido en México como “huachicol”, y afirmó que no existen expedientes ni evidencias que respalden dichas informaciones.

Las denuncias se producen en un contexto de creciente presión política y diplomática entre México y Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico, especialmente en estados clave para el tránsito de drogas hacia el norte.

La presidenta Sheinbaum ha reiterado que su gobierno no protegerá a funcionarios vinculados con el crimen organizado, aunque también ha pedido mayor claridad sobre las acusaciones y ha cuestionado posibles motivaciones políticas detrás de la difusión de información sobre investigaciones en curso.

Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre la influencia del crimen organizado en la política regional mexicana y la cooperación judicial entre ambos países.

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