Ciudad de México, 15 de abril de 2026 — El Senado de México aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso expedir una ley general en materia de feminicidio, con el objetivo de unificar su definición, investigación y sanción en todo el territorio nacional.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y representa un cambio estructural en el marco legal mexicano, al facultar al Estado federal a establecer criterios homogéneos para la persecución de este delito.
El dictamen aprobado modifica el artículo 73 de la Constitución y busca dotar al Congreso de herramientas para crear un tipo penal único, así como sanciones y agravantes comunes, además de fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales.
Actualmente, el feminicidio —entendido como el asesinato de mujeres por razones de género— se investiga y sanciona de forma distinta en cada estado del país, lo que ha generado disparidades en los procesos judiciales y altos niveles de impunidad.
Con la reforma, se pretende que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, además de establecer penas de entre 40 y 70 años de prisión para los responsables.
El debate legislativo se desarrolla en un contexto alarmante: en México, alrededor de 10 mujeres son asesinadas diariamente, y solo una fracción de estos casos es clasificada oficialmente como feminicidio. Entre 2018 y 2025 se registraron más de 26.600 asesinatos de mujeres, de los cuales menos de 7.000 fueron investigados bajo esta figura.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, celebró la aprobación del dictamen y lo calificó como un “paso histórico” para fortalecer las capacidades del Estado en la investigación y sanción de estos crímenes.
No obstante, organizaciones civiles han advertido que la reducción en las cifras oficiales de feminicidio no necesariamente refleja una disminución real de la violencia, sino posibles diferencias en la clasificación de los casos.
La reforma también contempla medidas de atención para víctimas indirectas, como niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad a causa de feminicidios, ampliando así el enfoque de protección estatal.
El proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados y posteriormente deberá ser aprobado por los congresos estatales, en un proceso que definirá el alcance final de una de las reformas más relevantes en materia de violencia de género en México en los últimos años.
