Asunción, 22 de marzo.- La reciente ley de amnistía en Venezuela, aprobada en febrero por el Parlamento de mayoría chavista, ha desatado fuertes críticas desde organismos de derechos humanos. El director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, advirtió que la normativa pretende en realidad “perdonar al mismo Estado”, en lugar de garantizar justicia efectiva para las víctimas.
Según Gómez, aunque la ley abarca formalmente el periodo entre 1999 y 2026, en la práctica solo contempla 13 hechos específicos, lo que limita significativamente su alcance. “Su principal función es perdonarse el mismo Estado desde el olvido”, afirmó, al tiempo que criticó la ausencia de un proceso real de verdad y reparación que evite la repetición de abusos.
El activista, que se encuentra de visita en Asunción, señaló que la norma intenta aliviar la presión interna e internacional sobre el Gobierno, pero lo hace mediante lo que calificó como una “simulación de justicia”. Además, denunció que las familias de los detenidos han sido obligadas a solicitar beneficios sin garantías claras ni transparencia en los procesos.
Uno de los puntos más controvertidos es que, según cifras mencionadas, solo unas 690 personas han sido liberadas, mientras que el resto de anuncios oficiales corresponderían, en muchos casos, a excarcelaciones previas o a personas bajo régimen de presentación.
La ley contempla amnistías para hechos ocurridos en distintos momentos de la historia reciente del país, como el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero de ese mismo año, las protestas de 2017 y eventos políticos entre 2016 y 2021, entre otros. Sin embargo, Gómez advierte que su aplicación depende en gran medida de decisiones discrecionales del poder Ejecutivo.
El representante de la organización también alertó sobre la falta de un registro oficial unificado de detenidos, lo que dificulta la verificación independiente por parte de la comunidad internacional y organismos de derechos humanos.
En este contexto, el activista subrayó la importancia de la participación de la sociedad civil en cualquier proceso de transición política. A su juicio, los actuales acercamientos entre Estados Unidos y Venezuela, centrados en aspectos económicos y estratégicos, podrían perpetuar prácticas autoritarias si no incluyen garantías institucionales y respeto a los derechos fundamentales.
Finalmente, Gómez insistió en que la reconstrucción del país pasa por asegurar la separación de poderes, la libertad de expresión y la seguridad jurídica, condiciones que considera esenciales para recuperar la confianza ciudadana y atraer inversiones internacionales.
