Ottawa, 20 Marzo.- La aprobación de la Ley C-12 en Canadá ha generado preocupación entre expertos, juristas y sectores políticos, al introducir cambios significativos en el sistema migratorio que podrían limitar el acceso al asilo. La legislación, adoptada por el Parlamento en marzo de 2026, reforma la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados, otorgando mayores facultades al gobierno para rechazar o suspender solicitudes en función del interés público.
Entre las principales modificaciones destacan nuevas restricciones para solicitar asilo, como la prohibición de hacerlo en Canadá si previamente se intentó en un país considerado socio, así como la reducción de plazos para apelaciones y deportaciones. Además, la ley permite cerrar expedientes antes de ser evaluados y amplía el intercambio de datos biométricos con aliados internacionales, lo que ha encendido las alarmas sobre el respeto al debido proceso.
Especialistas en derecho migratorio advierten que una de las medidas más controvertidas es el límite de un año para presentar solicitudes de asilo, lo que podría dejar fuera a personas cuya situación de riesgo surge tiempo después de su llegada. También señalan que la redacción de ciertos artículos, basada en criterios amplios como el “interés público”, abre la puerta a decisiones discrecionales sin suficiente supervisión.
El debate se desarrolla en un contexto de creciente presión social sobre el sistema migratorio, con un aumento en el escepticismo hacia los solicitantes de asilo. Sin embargo, organismos internacionales subrayan que Canadá recibe menos del 1% de las solicitudes globales y que la mayoría de los casos son considerados válidos. En este escenario, el desafío para el gobierno será equilibrar el control migratorio con la protección efectiva de los derechos humanos.
Por Redacción Hispanic Post
