Bogotá, 2 de marzo.- Carlos Carreño Marín recorre mercados y calles de la capital colombiana en busca de votos para conservar su escaño en la Cámara de Representantes por el partido Comunes, surgido tras el acuerdo de paz firmado hace una década entre el Estado y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En los puestos de frutas y verduras entrega volantes en los que invita a respaldar “una Bogotá Común” y se presenta como “Sergio Marín”, el alias que utilizó durante los más de 20 años que integró la insurgencia. Necesita miles de apoyos en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo no solo para continuar en el Congreso, sino también para garantizar la supervivencia política de su colectividad.
Desde 2018, Marín ocupa una de las 10 curules otorgadas a la antigua guerrilla en el Congreso como parte del acuerdo de paz, una medida transitoria que aseguraba su participación política durante dos periodos legislativos de cuatro años. Por primera vez desde entonces, el partido compite en igualdad de condiciones con las demás fuerzas políticas, sin escaños asegurados.
“La política en Colombia es muy compleja, está basada en el dinero… es una lucha intensa contra partidos que llevan dos siglos en estas lides y además dos siglos gobernando”, afirmó el legislador de 48 años durante la campaña.
Los resultados electorales anteriores muestran las dificultades de Comunes para consolidarse. En 2018 obtuvo cerca de 89.300 votos y en 2022 esa cifra descendió a 50.100, muy lejos del millón o más que alcanzan los partidos tradicionales.
En esta ocasión, Comunes se integró a una coalición con el movimiento de izquierda Fuerza Ciudadana y otras organizaciones sindicales y sociales, con la intención de aumentar sus posibilidades de alcanzar representación entre las 102 curules del Senado y las 183 de la Cámara.
El reto es considerable. Para conservar su personería jurídica —estatus que permite inscribir candidatos y acceder a financiación estatal— el partido necesita superar el umbral del 3% de los votos válidos emitidos. En 2022, ese mínimo equivalió a 509.700 sufragios.
El peso del pasado armado
Aunque Comunes se ha mantenido como fuerza política de izquierda desde su conformación en 2017, continúa enfrentando el estigma derivado de cinco décadas de conflicto armado.
Según la Comisión de la Verdad, en ese periodo las antiguas FARC fueron responsables de más de 96.900 homicidios, 29.410 desapariciones y más de 20.200 secuestros. Actualmente, casi 10.000 excombatientes comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional que ofrece sanciones restaurativas a cambio de verdad y reparación a las víctimas.
Marín sostiene que el estigma ha disminuido y resalta que los exguerrilleros están respondiendo ante la justicia y han pedido perdón públicamente. Sin embargo, considera que sectores de derecha contrarios al acuerdo intentan “revivir un discurso de época pasada, de época de guerra”.
El acuerdo de paz recibió amplio respaldo internacional, pero dentro de Colombia generó profundas divisiones, especialmente entre quienes cuestionan que excombatientes hayan accedido a representación política.
El futuro del proceso de paz
Representantes internacionales han señalado que la participación política de los firmantes es clave para la implementación del acuerdo. La alternativa, advierten, podría ser un retroceso que incentive nuevas expresiones armadas.
Aunque la mayoría de los 13.000 exguerrilleros que firmaron la paz continúan en la vida civil, una fracción retomó las armas y conformó disidencias.
Marín, quien participó en las negociaciones de La Habana, asegura que no volverá a la lucha armada, incluso si no logra su reelección, pese a las amenazas que ha recibido. Desde 2016 han sido asesinados 487 firmantes del acuerdo de paz.
“Yo no veo futuro alguno en la Colombia de hoy de lograr transformaciones por la vía armada”, afirmó. “Independiente del resultado final, el partido no va a abandonar la lucha por la paz y la justicia social en este país”.
