Miami (EE.UU.), 21 de febrero de 2026.- Gobiernos estatales y locales, junto a organizaciones civiles, manifestaron su rechazo al plan de la Administración del presidente Donald Trump para adquirir depósitos y almacenes en una veintena de ciudades del país y convertirlos en centros de detención de migrantes con fines de deportación.
La iniciativa, respaldada por un presupuesto de 38.300 millones de dólares contemplado en el denominado “grande y hermoso proyecto de ley”, forma parte del nuevo modelo migratorio del DHS, conocido como Iniciativa de Reingeniería de la Detención (DRI). El programa prevé ampliar de manera significativa la capacidad de detención mediante el uso de instalaciones industriales reconvertidas.
Arizona, en el centro de la polémica
Uno de los casos más controversiales se registra en Surprise (Arizona), donde el Gobierno federal planea habilitar un almacén con capacidad para unos 1.500 migrantes. El alcalde Kevin Sartor indicó que cientos de residentes acudieron al Concejo municipal para expresar su preocupación por el impacto del proyecto en los servicios públicos, la seguridad de escuelas cercanas y el valor de las propiedades.
“Estamos hablando de almacenes, no sabemos en qué condiciones estarán”, advirtió Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, quien recordó las críticas históricas a las condiciones de detención en el estado, particularmente en el centro de Eloy, operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La fiscal estatal Kris Mayes y la congresista Adelita Grijalva enviaron una carta a ICE solicitando información detallada sobre la compra del inmueble en Surprise.
Expansión nacional del modelo DRI
Según documentos del DHS divulgados por la oficina de la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, el objetivo es implementar la DRI antes de septiembre. El plan contempla la adquisición y renovación de ocho grandes centros de detención, 16 sitios de procesamiento y diez instalaciones “llave en mano”.
El Gobierno argumenta que la estrategia responde a la creciente demanda de espacio para alojamiento de migrantes detenidos y busca agilizar los procesos de deportación mediante instalaciones no tradicionales.
Florida y Texas también se oponen
En Florida, autoridades locales y congresistas federales expresaron su rechazo tras conocerse el posible interés de ICE en adquirir un depósito industrial cercano al aeropuerto de Orlando. El alcalde Buddy Dyer señaló que, al tratarse de un asunto federal, la ciudad tendría escaso margen de acción para frenar la operación.
Por su parte, los representantes Maxwell Frost y Darren Soto enviaron una misiva al DHS oponiéndose al proyecto y denunciando antecedentes de abusos en centros de detención del estado.
En Texas, tras semanas de presión pública, una inmobiliaria en las afueras de Dallas desistió de vender un almacén que el DHS pretendía convertir en el mayor centro de detención del país, con capacidad para más de 9.000 migrantes. Sin embargo, el Gobierno logró concretar la compra de otra instalación en El Paso, donde planea habilitar espacio para hasta 8.500 personas.
La expansión del modelo DRI avanza en medio de un intenso debate nacional sobre las políticas migratorias, la capacidad de detención federal y el impacto de estas medidas en las comunidades locales.
