Edmonton, 20 de febrero de 2026.- La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, anunció en un discurso televisado de 13 minutos la convocatoria de un referéndum provincial el próximo 19 de octubre para someter a votación nueve preguntas relacionadas con la inmigración en Alberta y posibles reformas constitucionales en Canadá, en un movimiento político que se produce apenas una semana antes de la presentación del presupuesto provincial 2026.
La líder del gobierno conservador vinculó el inminente déficit presupuestario multimillonario a los bajos precios del petróleo y a lo que calificó como políticas federales de inmigración “fuera de control”, señalando directamente al ex primer ministro Justin Trudeau.
“El hecho es que ya no se puede pedir a los contribuyentes de Alberta que sigan subsidiando a todo el país a través de la igualación y las transferencias federales”, afirmó Smith, argumentando que la presión migratoria afecta la atención sanitaria, la educación y los servicios sociales de la provincia.
Presupuesto 2026 con déficit “significativo”
El anuncio llega días antes de que el ministro de Finanzas, Nate Horner, presente el presupuesto 2026, que, según adelantó Smith, incluirá déficits significativos. La mandataria descartó aumentos de impuestos y grandes recortes, pero confirmó que habrá ajustes en el gasto.
“Reduciremos la burocracia innecesaria y mejoraremos la eficiencia en la ejecución de programas”, aseguró.
Smith presentó además una estrategia económica en tres ejes:
- Duplicar la producción de petróleo y gas para 2035.
- Construir un nuevo oleoducto hacia la Costa Oeste para expandir exportaciones a Asia.
- Frenar la inmigración bajo mayor control provincial.
Las preguntas sobre inmigración
El referéndum incluirá propuestas no constitucionales que buscan ampliar el control provincial sobre la inmigración, entre ellas:
- Priorizar inmigrantes económicos y otorgar a los residentes de Alberta “primera prioridad” en nuevas oportunidades laborales.
- Limitar el acceso a programas provinciales financiados con fondos públicos a ciudadanos, residentes permanentes o personas con “estatus migratorio aprobado por Alberta”.
- Exigir un año de residencia antes de acceder a programas de apoyo social.
- Cobrar tarifas adicionales a personas con estatus migratorio no permanente para acceder a salud y educación.
- Requerir prueba de ciudadanía para votar en elecciones provinciales.
Smith no detalló cómo se definiría un “inmigrante aprobado por Alberta”.
Reformas constitucionales sobre la mesa
En el ámbito constitucional, la primera ministra quiere que la provincia explore junto a otras jurisdicciones cambios como:
- Permitir que las provincias designen jueces de tribunales superiores.
- Abolir el Senado.
- Autorizar a las provincias a abandonar programas federales de salud, educación y servicios sociales manteniendo el financiamiento.
- Dar prioridad a leyes provinciales sobre legislación federal en áreas de competencia compartida.
Expertos advierten que muchas de estas modificaciones requerirían el respaldo de al menos siete provincias que representen el 50% de la población canadiense, y en el caso de abolir el Senado, unanimidad nacional.
Críticas y escepticismo
El consultor migratorio Daniel Briere, en declaraciones a CBC News, cuestionó la necesidad de más burocracia provincial y rechazó la idea de que trabajadores temporales estén abusando del sistema.
Por su parte, Gerard Kennedy, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Alberta, sostuvo que Ottawa no está obligado a implementar los resultados del referéndum y consideró poco probable que el gobierno federal acepte reducir sus propios poderes.
El anuncio también se produce en medio de una campaña ciudadana que busca impulsar un referéndum sobre la independencia de Alberta, aumentando la tensión política en la provincia.
El opositor Nuevo Partido Democrático (NDP) de Alberta anunció que reaccionará formalmente al discurso, mientras Smith tiene prevista una conferencia de prensa en Calgary.
Con este movimiento, la primera ministra coloca la inmigración y la autonomía provincial en el centro del debate político en Alberta, en un contexto de presión fiscal y creciente polarización sobre el rol de la provincia dentro de Canadá.
