Bogotá, 20 de febrero de 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este jueves un nuevo decreto que ratifica el aumento del salario mínimo en Colombia del 23,7 % para 2026, en cumplimiento de una orden emitida por el Consejo de Estado, que había suspendido provisionalmente la medida anterior por falta de sustento técnico.
Ante una multitud congregada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el mandatario exhibió el documento firmado y aseguró que el incremento es el mismo que decretó en diciembre de 2025. “No echamos para atrás. Firmamos y se entrega al Consejo de Estado, cumpliendo sus órdenes, acatando, poniendo los estudios técnicos y científicos”, afirmó.
Salario mínimo de dos millones de pesos
Con el ajuste del 23,7 %, el salario mínimo quedó fijado en dos millones de pesos mensuales (aproximadamente 546 dólares), incluyendo el auxilio de transporte. El Gobierno presentó la medida como la implementación del llamado “salario mínimo vital”, una promesa central del Ejecutivo.
El incremento es el más alto registrado en lo que va del siglo en Colombia y fue decretado originalmente después de que la comisión de concertación —integrada por el Gobierno, gremios empresariales y centrales obreras— no lograra consenso sobre el porcentaje del ajuste.
Suspensión y nuevo sustento técnico
El Consejo de Estado suspendió el viernes pasado el decreto inicial y ordenó al Ejecutivo expedir uno nuevo que justificara técnicamente el aumento.
Según Petro, el nuevo documento incorpora estudios sobre salario relativo, productividad laboral y canasta mínima vital. “Metimos todos los estudios que pidió el alto tribunal y ahora tenemos el nuevo decreto”, expresó ante miles de trabajadores, jóvenes y representantes sindicales.
El presidente sostuvo que el aumento deberá “progresar el otro año”, cuando asuma el nuevo Gobierno el próximo 7 de agosto, y afirmó que el objetivo es consolidar el primer “salario vital” desde la entrada en vigor de la Constitución de 1991.
Críticas por presión política
La convocatoria ciudadana para respaldar el decreto generó críticas de sectores empresariales y analistas, quienes advirtieron en diciembre que un incremento de esta magnitud podría impactar la inflación en Colombia y el mercado laboral.
Asimismo, voces opositoras señalaron que la movilización pública en defensa del decreto podría interpretarse como una presión sobre la autonomía judicial y el principio de separación de poderes.
En respuesta, Petro afirmó: “El presidente no está aquí para proponer un irrespeto a la Justicia, pero debe haber justicia”, defendiendo que la medida busca garantizar una existencia digna para los trabajadores.
Con esta decisión, el Gobierno mantiene intacto el incremento histórico del salario mínimo, mientras el debate económico y político sobre sus efectos continúa en el país.
