Concordia, Sinaloa, 16 feb.- Al menos 12 pueblos de la sierra de Concordia, al sur de Sinaloa, permanecen casi desiertos tras el secuestro de diez trabajadores de la mina Vizsla Silver, propiedad canadiense, ocurrido a finales de enero en Pánuco. Hasta ahora, cinco de los mineros han sido localizados muertos, mientras el paradero de los restantes sigue sin confirmarse.
La violencia es producto de la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa, que desde septiembre de 2024 mantiene sitiada la región. Los habitantes, según testimonios, han huido o fueron obligados a abandonar sus hogares por temor a ser atrapados en el conflicto, y denuncian sentirse prácticamente abandonados por las autoridades.
“El aumento de tropas y operativos solo dispersa a los delincuentes, sin generar seguridad real para la población”, señaló Roque Vargas, activista por los derechos de los desplazados. El despliegue incluyó patrullajes por tierra y aire, visitas de autoridades federales y algunas detenciones, pero el miedo persiste.
La disputa surgió tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del cártel, y enfrenta a sus seguidores contra “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en una sangrienta lucha por el control del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
La empresa minera Vizsla Silver suspendió temporalmente sus operaciones por seguridad, mientras las autoridades continúan la búsqueda de los trabajadores desaparecidos y de posibles fosas clandestinas. Hasta el momento, se han hallado diez cuerpos, cinco de ellos identificados como los mineros secuestrados, y restos adicionales en otras cuatro fosas.
La violencia también afecta otros sectores: escuelas, transporte público y negocios enfrentan interrupciones debido al temor generalizado. La población local depende de rutas de acceso complicadas, y muchos deben recorrer largas distancias a pie para trasladarse.
Expertos advierten que la situación revela la fragilidad de la seguridad en Sinaloa y cuestionan la eficacia de las estrategias del gobierno federal. Mientras tanto, los habitantes esperan respuestas y protección ante un conflicto que ha fracturado la sociedad sinaloense y mantiene en jaque a las comunidades rurales.
