Ciudad de México, 20 de mayo.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció este miércoles que abrió una investigación contra doce personas y dos entidades jurídicas señaladas por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en el marco de operaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo y lavado de dinero.
El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda informó que ha iniciado un análisis financiero, fiscal y corporativo con el objetivo de identificar posibles redes de operación y flujos de recursos de origen ilícito dentro del sistema financiero mexicano.
En su comunicado, la UIF señaló que está “reforzando” las acciones de cooperación con autoridades estadounidenses, en el contexto de una estrategia conjunta para combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas del crimen organizado.
Las sanciones de Washington apuntan a individuos y empresas presuntamente involucrados en el tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo, así como en el uso de criptomonedas para ocultar y transferir ganancias ilícitas.
Entre los señalados figura Armando de Jesús Ojeda Avilés, acusado de coordinar la recolección de grandes sumas de dinero en efectivo provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos, posteriormente convertidas en activos digitales.
También aparecen en la lista Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como pieza clave en transacciones digitales; Rodrigo Alarcón Palomares; y el empresario Alfredo Orozco Romero, junto a presuntas redes familiares y empresas utilizadas como testaferros.
El Gobierno estadounidense ha intensificado en los últimos meses su ofensiva contra el Cártel de Sinaloa, al que ha designado como organización terrorista en el marco de su política antidrogas.
Asimismo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ampliado investigaciones contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con redes criminales, lo que ha elevado la tensión diplomática en materia de seguridad bilateral.
La UIF reiteró que mantendrá coordinación permanente con agencias internacionales para detectar operaciones financieras sospechosas y proteger la integridad del sistema bancario mexicano frente al crimen organizado transnacional.
