Madrid, 27 de enero de 2026.- El Consejo de Ministros aprobará este martes el inicio de la tramitación de un real decreto de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida pactada entre el PSOE y Podemos que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas en situación administrativa irregular.
El anuncio oficial del Ejecutivo se produjo minutos después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, avanzara públicamente el acuerdo alcanzado con los socialistas. La iniciativa permitirá regularizar a todas aquellas personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y puedan acreditar al menos cinco meses de residencia continuada en el país.
Según explicó Montero durante un acto celebrado en Madrid bajo el lema “Regularización Ya”, la acreditación de la residencia no se limitará al empadronamiento, sino que también podrá realizarse mediante informes médicos, contratos de alquiler o de suministro eléctrico, así como certificados de envío de dinero, una reivindicación histórica de las entidades sociales ante las dificultades de muchas personas migrantes para acceder al padrón municipal.
El real decreto establece además que, desde el momento de la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión dictadas por motivos administrativos o por trabajar sin autorización. La admisión a trámite otorgará una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria. En caso de resolución favorable, se concederá una autorización de residencia por un año, renovable posteriormente conforme al reglamento general de extranjería.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, subrayaron que la medida busca dar seguridad jurídica a una realidad social existente y responde a “una suma de voluntades que ponen a las personas en el centro”. El Ejecutivo destaca que la iniciativa recupera el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 600.000 firmas, que fue tomada en consideración en el Congreso en abril de 2024, pero que permanecía bloqueada por falta de consenso parlamentario.
Al tratarse de un real decreto y no de un real decreto-ley, la norma no requiere convalidación del Congreso, lo que permite al Gobierno sortear la falta de apoyos en materia migratoria, especialmente tras el rechazo de formaciones como Junts. El Ejecutivo recuerda que existen precedentes de regularizaciones aprobadas por esta misma vía, como la impulsada en 2001 por el Gobierno de José María Aznar.
Desde Podemos calificaron la decisión como una medida “urgente y de justicia social”, al considerar que reconoce los derechos de cientos de miles de personas que viven y trabajan en España, pero que hasta ahora se encontraban privadas de derechos básicos. La formación morada advirtió de que mantener la irregularidad administrativa fomenta la explotación laboral y alimenta el racismo, citando como ejemplos recientes disturbios racistas en distintos puntos de España y, a nivel internacional, las redadas migratorias en Estados Unidos.