Madrid, 27 de enero.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confió en que a principios del mes de abril se puedan comenzar a presentar las solicitudes para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una vez culminen los trámites del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
En una entrevista concedida a TVE, la también portavoz del Gobierno explicó que, desde el momento en que se presente la solicitud, la Administración dispondrá de un plazo máximo de 15 días para admitirla a trámite. A partir de esa admisión, los solicitantes podrán trabajar legalmente desde el primer día, en cualquier sector y en cualquier punto del territorio nacional.
Saiz subrayó que la medida también extiende derechos a los menores que acompañen a los titulares de la regularización, garantizando así la protección de la unidad familiar. En estos casos, los hijos e hijas menores obtendrán un permiso de residencia de cinco años, frente al año de vigencia previsto para los adultos sin hijos a cargo.
La ministra recordó que el Ejecutivo recupera así “el espíritu de la iniciativa legislativa popular” que permaneció “demasiados meses bloqueada en el Congreso”, pese a haber sido respaldada por una amplia mayoría parlamentaria.
Según precisó, podrán acogerse a este proceso las personas extranjeras que llevaran al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025, así como aquellas que hubieran solicitado protección internacional antes de esa fecha, siempre que carezcan de antecedentes penales. Los beneficiarios recibirán una autorización inicial de residencia y trabajo de un año, tras la cual podrán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el reglamento de extranjería.
Desde el Ministerio se aclaró además que la regularización incluye a solicitantes de asilo con peticiones presentadas antes del 31 de diciembre de 2025, una demanda reiterada por numerosas entidades sociales tras la última reforma del reglamento, que había dificultado el acceso al arraigo para este colectivo.
El plazo máximo de resolución será de tres meses, aunque la admisión a trámite —resuelta en un máximo de 15 días— habilitará de inmediato el acceso al empleo. El periodo para presentar solicitudes se abrirá previsiblemente a comienzos de abril y permanecerá vigente hasta el 30 de junio.
Frente a las críticas sobre un posible “efecto llamada”, el Ministerio fue tajante: “No existe efecto llamada cuando hay una fecha de corte clara y un plazo cerrado”. A este respecto, recordó que el 95 % de las personas migrantes llegan a España por vías regulares, mientras que las entradas irregulares se redujeron más de un 40 % en 2025.
Migraciones defendió que esta regularización no beneficia a las mafias, sino que, por el contrario, reduce la explotación laboral y la economía sumergida, al tiempo que aporta seguridad jurídica a las empresas y derechos y protección a los trabajadores.
El departamento que dirige Elma Saiz enmarcó la iniciativa como la primera gran medida del futuro Plan de Integración y Convivencia, y recordó que las regularizaciones extraordinarias son una práctica consolidada en España y en otros países europeos, con antecedentes tanto bajo gobiernos del PP como del PSOE, y con efectos positivos demostrados en integración laboral y recaudación fiscal.
