Teherán, 21 enero.— La breve reaparición de voces críticas en Irán tras semanas de un bloqueo casi total de internet ha puesto nuevamente de relieve la magnitud de la represión que enfrenta el país en medio de las protestas más graves de los últimos años. “Teherán huele a muerte”, escribió la periodista Elaheh Mohammadi en X, uno de los pocos mensajes que lograron salir del país pese a las estrictas restricciones impuestas por el régimen.
Mohammadi, reportera del diario Ham-Mihan, explicó que durante dos días se pudo acceder de forma intermitente a internet mediante redes privadas virtuales (VPN), recurso habitual entre activistas y periodistas iraníes para sortear el control estatal sobre las comunicaciones. “En toda mi vida nunca había visto que nevara en Teherán y que nadie sonriera”, añadió, describiendo el clima de miedo y paralización que atraviesa la capital.
Desde el 8 de enero, el acceso a internet permanece severamente limitado, en un intento del régimen por frenar la expansión de las protestas, aislar a la población, dificultar la coordinación de manifestaciones y limitar la difusión de imágenes y testimonios sobre la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, inicialmente por motivos económicos relacionados con la depreciación del rial, la inflación y el deterioro de las condiciones de vida. Sin embargo, rápidamente se transformaron en un cuestionamiento directo al sistema político de la República Islámica, extendiéndose a decenas de ciudades y provincias.
La respuesta del régimen ha sido inmediata y brutal. Fuerzas de seguridad, milicias basij y cuerpos policiales han recurrido a munición real, detenciones masivas y despliegues militares. Según la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), se han verificado cerca de 4.000 muertes vinculadas a la represión, mientras que otros casi 9.000 casos permanecen bajo investigación. Funcionarios iraníes han confirmado más de 5.000 fallecidos durante las manifestaciones.
Elaheh Mohammadi, quien ganó notoriedad internacional en 2022 por su cobertura de la muerte de Jina Mahsa Amini, ha sido protagonista de la represión estatal. En 2022, Mohammadi y su colega Nilufar Hamedi fueron acusadas de actuar como agentes extranjeros, enjuiciadas en procesos criticados por organismos internacionales y finalmente indultadas en febrero del año pasado, en lo que analistas interpretaron como un gesto táctico del régimen.
La situación de la prensa independiente sigue siendo crítica. Ham-Mihan se vio forzado a suspender operaciones debido a su cobertura de los hechos. Mohammadi escribió en X: “Hemos intentado durante todos estos días escribir sobre los muertos y los heridos”, un testimonio de las enormes restricciones al periodismo en Irán.
El trasfondo económico agrava aún más la crisis. La depreciación del rial, las sanciones internacionales y la mala gestión han impactado especialmente en sectores urbanos y jóvenes, protagonistas de las manifestaciones. Organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han advertido sobre los efectos de la inflación en la población.
A pesar del control y la censura, la persistencia de las protestas demuestra que el descontento social en Irán ha alcanzado un nivel difícil de revertir únicamente mediante la represión y el aislamiento digital, y refleja un país profundamente tensionado entre la exigencia de derechos básicos y la respuesta autoritaria del Estado.