La Habana, 9 enero.- La confirmación de la muerte de 32 militares cubanos durante la operación que derivó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha vuelto a colocar en el centro del debate uno de los asuntos más controvertidos y reiteradamente negados en la relación entre el chavismo y el Gobierno de Cuba: la existencia de una presencia sostenida de militares y agentes de inteligencia cubanos en posiciones clave del aparato de seguridad venezolano.
Durante más de dos décadas, analistas, disidentes y organismos internacionales han señalado la influencia de La Habana dentro de las estructuras de poder en Caracas. No obstante, los gobiernos de ambos países han rechazado de forma sistemática cualquier versión que apunte a una colaboración militar directa o a la instalación permanente de efectivos cubanos en Venezuela.
Un informe presentado en 2022 por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU concluyó, tras examinar acuerdos confidenciales entre ambos Estados, que la cooperación se remonta al año 2006, durante los mandatos de Hugo Chávez y Fidel Castro. El documento, elevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sostiene que agentes del Estado cubano instruyeron y asesoraron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGICM) venezolana en labores de inteligencia y contrainteligencia, según testimonios de exfuncionarios de ese organismo.
Otros expertos sitúan el origen de esta relación incluso antes, poco después del fallido golpe de Estado que apartó a Chávez del poder durante dos días en 2002. De acuerdo con el libro La invasión consentida (2019), firmado bajo seudónimo por un grupo de periodistas venezolanos, el entonces presidente decidió delegar áreas sensibles de la seguridad nacional en asesores cubanos tras consultar directamente con Castro.
La obra sostiene que en 2008 ambos países firmaron un acuerdo militar secreto que otorgó a Cuba un papel central en la reorganización de los servicios de contrainteligencia venezolanos, así como en la formación de oficiales y el asesoramiento directo a la DGICM. Estas versiones fueron recogidas por diversos medios años después.
En 2010, el general retirado Antonio Rivero rompió públicamente con el chavismo y acusó al Gobierno de permitir la infiltración de agentes del G2 cubano, el servicio de inteligencia de la isla. Rivero fue detenido en 2013 y desde 2014 vive en el exilio, mientras en Venezuela enfrenta acusaciones por revelación de secretos militares, ultrajes a la Fuerza Armada e instigación a delinquir.
Años más tarde, ya bajo la presidencia de Maduro, el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Manuel Ricardo Cristopher, se distanció del régimen tras las protestas opositoras de 2019 y reiteró denuncias similares. Criticó entonces la presencia de miles de militares cubanos en Venezuela, la autonomía operativa del espionaje de la isla y su participación en el primer anillo de seguridad presidencial.
Ese mismo año, Estados Unidos lanzó sus acusaciones más directas, especialmente en el contexto de las movilizaciones antigubernamentales. Altos funcionarios de la primera Administración de Donald Trump afirmaron que en Venezuela operaban entre 20.000 y 25.000 agentes de seguridad y militares cubanos, mientras que el enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, habló de un núcleo duro de unos 2.000 agentes de inteligencia.
La Habana rechazó categóricamente estas afirmaciones. Funcionarios cubanos calificaron las denuncias de “calumnias” y negaron la existencia de tropas o fuerzas de seguridad de la isla en territorio venezolano. El propio Trump llegó a describir a Maduro como una “marioneta cubana” y amenazó con endurecer el embargo contra Cuba si no retiraba a sus efectivos, algo que el Gobierno cubano negó de forma reiterada.
Las autoridades de la isla reconocieron únicamente la presencia de miles de colaboradores en Venezuela, en su mayoría médicos, además de personal en áreas como el deporte, dentro de lo que definieron como cooperación civil. Sin embargo, tras el reciente ataque estadounidense, el propio Gobierno cubano calificó a los 32 fallecidos como “combatientes” y afirmó que murieron tras ofrecer resistencia directa o como consecuencia de bombardeos.
Según el Ejecutivo de La Habana, los militares pertenecían a los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior y se encontraban en Venezuela cumpliendo “misiones” a solicitud de las autoridades de ese país, una admisión que ha vuelto a alimentar las dudas sobre el verdadero alcance de la implicación cubana en la estructura de seguridad del régimen chavista.
