Lima, 1 Enero.- La publicación del Decreto de Urgencia N° 010-2025, difundida en la noche del último día de 2025, abrió un profundo debate político y económico en Perú al habilitar la privatización parcial de Petroperú, una de las empresas estratégicas del Estado. La decisión, adoptada por el gobierno del presidente interino José Jerí, marca un giro trascendental en la gestión de los activos petroleros nacionales y ha provocado reacciones encontradas tanto en el ámbito técnico como en el Congreso.
El decreto autoriza a Proinversión a recibir recursos y facultades especiales para diseñar un proceso de transferencia de activos de Petroperú a operadores privados. La norma permite la separación patrimonial de la empresa estatal y la eventual transferencia de activos estratégicos, entre ellos la Refinería de Talara y los principales pozos petroleros, con el objetivo de atraer inversión privada y aliviar la carga fiscal que representa la petrolera.
El Gobierno peruano justificó la medida al señalar que la situación financiera de Petroperú es insostenible, tras años de pérdidas operativas y reiterados rescates fiscales. En ese contexto, el decreto prevé la asignación de 240 millones de soles para un proceso de reestructuración laboral, así como 144 millones de soles destinados a financiar el plan de acción de Proinversión, que incluirá la contratación de banca de inversión, tasadores y asesores especializados.
Desde el sector técnico, la decisión recibió el respaldo de Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, quien afirmó que se trata de un cambio de fondo largamente postergado. En declaraciones a Canal N, sostuvo que el Ejecutivo “opta finalmente por una modalidad de privatización o venta de activos de Petroperú”, apelando al Decreto Legislativo 674, base legal de las privatizaciones aplicadas en el país desde 1991.
Castilla subrayó que la norma faculta a Proinversión para separar y transferir activos clave, incluidos Talara y los pozos petroleros, con el fin de captar capital privado. A su juicio, sin esta decisión la empresa estatal habría continuado recurriendo a rescates y arbitrajes financieros con el fisco, una situación que consideró “ya no viable”. El exministro destacó que los 240 millones de soles permitirán la compra de renuncias de hasta el 70% del personal, mientras que los 144 millones adicionales servirán para estructurar un plan integral que deberá presentarse en un plazo máximo de dos meses.
Sin embargo, la medida ha generado un rechazo frontal en sectores políticos de izquierda. La congresista Margot Palacios, de Juntos por el Perú, calificó el decreto como una “usurpación histórica”, al cuestionar la legitimidad del presidente interino José Jerí para decidir sobre el futuro de los hidrocarburos nacionales. “Un presidente investido por un accidente político y no por la voluntad popular carece de legitimidad para firmar el destino de Petroperú”, afirmó.
Palacios advirtió que la privatización encubierta de Petroperú, empresa que controla aproximadamente el 42% del mercado de diésel y el 31% de las gasolinas en Perú, pone en riesgo la seguridad energética nacional y expone a la población a la volatilidad de los precios internacionales. Según la legisladora, el Estado perdería la dirección estratégica, la capacidad de fijación de precios y la planificación de la cadena de valor petrolera.
“Quienes no fueron elegidos para gobernar están entregando el poder de fijar el costo del transporte, la electricidad y la alimentación de millones de peruanos”, señaló Palacios, quien incluso calificó la decisión como una traición a la patria, contemplada en el Código Penal militar. La congresista exigió la derogatoria inmediata del Decreto de Urgencia N° 010-2025 y convocó a una movilización nacional para frenar la transferencia de los activos estratégicos de Petroperú a manos privadas.
