San Juan, Puerto Rico, 13 Dic.— Los incentivos fiscales en Puerto Rico que durante más de una década han atraído a millonarios estadounidenses están siendo objeto de un intenso escrutinio tras la publicación de un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) el viernes pasado.
El documento advierte que las exenciones fiscales podrían costar cientos de millones de dólares al año y solicita al Servicio de Impuestos Internos (IRS) mejorar la supervisión, señalando que algunos beneficiarios «podrían no estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales federales».
El informe fue solicitado por los demócratas del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en julio de 2023 para investigar cómo estos incentivos podrían generar un paraíso fiscal para los ultra ricos, sin beneficiar directamente al pueblo de Puerto Rico. El representante Jared Huffman, de California, criticó que tras los recortes al IRS durante la administración Trump, “casi no queda personal para verificar si estos ricos trasplantados cumplen las reglas y contribuyen a la comunidad”.
IRS y supervisión cuestionada
La auditoría, realizada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, identificó que Puerto Rico otorgó más de 5,800 decretos de incentivos para inversionistas y casi 3,900 para empresas de servicios de exportación entre 2012 y 2024. La mayoría de los inversionistas provienen de California, Florida, Nueva York y Texas.
El informe señala que hasta 2024 el IRS no contaba con datos completos sobre quienes solicitaban los incentivos, ni verificaba adecuadamente el cumplimiento de los requisitos de residencia. Por ejemplo, en agosto de 2023, se identificó que 179 contribuyentes no proporcionaron evidencia suficiente de residencia, y el IRS decidió no priorizar estas derivaciones.
La congresista Alexandria Ocasio-Cortez denunció que estas políticas “incrementan la desigualdad de riqueza en la isla y afectan ingresos fiscales federales esenciales para Seguridad Social y Medicare”.
Trece años de incentivos con resultados mixtos
Creados en 2012 por el exgobernador Luis Fortuño, los incentivos fiscales de Puerto Rico buscan atraer inversionistas y profesionales de alto poder adquisitivo, a cambio de beneficios como una tasa corporativa del 4% bajo la Ley 20 y exenciones del 100% sobre dividendos, intereses y ganancias de capital a largo plazo bajo la Ley 22.
Estudios oficiales muestran que estos incentivos generaron más de 36,200 empleos y $2,5 mil millones en inversiones hasta 2019, mientras que en 2022 las empresas creadas por beneficiarios pagaron más de $200 millones en impuestos y donaciones al territorio. Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico renunció a $4.4 mil millones en incentivos para individuos y $1.8 mil millones para empresas de servicios de exportación entre 2020 y 2026.
La GAO concluyó que la economía de Puerto Rico ha mostrado “poco o ningún crecimiento” desde 2012, aunque reconoce que factores como huracanes, terremotos y la pandemia han afectado los indicadores económicos.
En respuesta, Puerto Rico ha endurecido los requisitos de cumplimiento y presentación de informes, incluyendo la obligación de donar $10,000 anuales a organizaciones sin fines de lucro por cada beneficiario extranjero.
