Caracas, 8 dic.- Familiares y defensores de derechos humanos responsabilizaron al gobierno venezolano por la muerte en prisión del exgobernador opositor Alfredo Díaz, quien, según las autoridades, falleció de un infarto en Caracas.
Díaz, de 56 años, permanecía recluido desde finales de 2024 y había sido acusado de terrorismo e incitación al odio, cargos que su familia negó. El Servicio Penitenciario venezolano indicó que se le brindó atención en la prisión, pero tuvo que ser trasladado a un hospital, donde murió poco después.
“Te mataron mi amor, tú gozabas de buena salud, siempre me dijiste que estabas bien y fuerte, que la Libertad iba a llegar pronto”, escribió su esposa, Leynys Malave, en Instagram.
Denuncias sobre el sistema penitenciario
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en X que las prisiones se han convertido en “centros de torturas”, con tratos degradantes e inhumanos. “Díaz murió por esa privación ilegítima y por falta de atención médica”, afirmó la organización.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense también se pronunció, calificando la detención de Díaz como arbitraria y señalando que su muerte es “otro recordatorio de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”.
Contexto político
Tras las elecciones presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral, de mayoría oficialista, declaró ganador a Nicolás Maduro, sectores de oposición denunciaron fraude, lo que derivó en protestas, represión y arrestos.
El Foro Penal reportó que antes de la muerte de Díaz había 887 personas detenidas por razones políticas. Las autoridades niegan la existencia de presos políticos y aseguran que los detenidos planeaban conspirar contra el gobierno.
En una carta conjunta, la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González responsabilizaron al gobierno de Maduro por la integridad y vida de Díaz, en medio de las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos tras despliegues militares y ataques en el Caribe.
