Caracas, 10 Abril.- El abogado y colaborador cercano del chavismo Larry Devoe fue elegido este jueves por la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, como nuevo fiscal general del país, en un contexto marcado por el reciente avance de la Ley de Amnistía aprobada en febrero.
Devoe, considerado por analistas como un operador político de confianza de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ya venía desempeñando funciones en la Fiscalía desde finales de febrero, cuando fue designado de forma temporal mientras se desarrollaba el proceso de selección del nuevo titular del Ministerio Público.
El nuevo fiscal ha ocupado múltiples cargos dentro del aparato institucional venezolano, incluyendo funciones en derechos humanos, telecomunicaciones y asesorías jurídicas en distintas áreas del Estado. Su nombramiento ha reavivado el debate sobre la independencia de las instituciones en el país.
El coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, cuestionó la designación al señalar que Devoe es un funcionario de “absoluta confianza” del Ejecutivo, lo que, a su juicio, compromete la autonomía del Ministerio Público. También criticó su relación con organismos de derechos humanos, donde —según dijo— ha mantenido una postura alineada con el Gobierno.
Devoe ha trabajado previamente en instancias como la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, además de representar al Estado venezolano ante el sistema interamericano de derechos humanos.
Por su parte, el politólogo Guillermo Aveledo señaló que su perfil combina experiencia técnica con una fuerte vinculación política, lo que lo convierte en una figura clave en la actual etapa institucional del país.
La designación se produce en un momento político sensible, tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas y en medio de los ajustes institucionales impulsados por el oficialismo.
Desde la Asamblea Nacional, su presidente Jorge Rodríguez destacó la formación académica de Devoe, quien cuenta con estudios en derecho constitucional, derechos humanos y ciencias penales, así como experiencia en organismos del Estado.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que su cercanía al poder político podría afectar la credibilidad del Ministerio Público. Óscar Murillo insistió en que la Constitución venezolana exige independencia del fiscal general y alertó sobre los riesgos de una institución alineada con el Ejecutivo.
Con este nombramiento, el Gobierno venezolano abre una nueva etapa en la Fiscalía en medio de reformas políticas, tensiones internacionales y el avance del proceso de amnistía aprobado recientemente.
