Washington, 11 nov.– El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes admitir un caso que buscaba reabrir el debate sobre la legalización del matrimonio homosexual, decisión que preserva el histórico fallo de 2015 conocido como Obergefell vs. Hodges, mediante el cual se reconoció el matrimonio igualitario como un derecho constitucional en todo el país.
La apelación fue presentada por Kim Davis, una exfuncionaria del registro civil del estado de Kentucky, quien en 2015 se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, alegando que hacerlo iba en contra de sus creencias religiosas. El caso de Davis, que generó una intensa polémica nacional en su momento, fue llevado nuevamente ante la Corte con el argumento de que la Primera Enmienda —que protege la libertad de religión y expresión— debía ampararla.
El Supremo debatió el viernes pasado a puerta cerrada si aceptaba o no revisar el caso, y este lunes anunció su decisión en una orden sin firmar y sin explicación pública, una práctica habitual cuando los jueces rechazan solicitudes. La negativa del tribunal implica que el fallo de 2015, que estableció el matrimonio igualitario como ley nacional, sigue plenamente vigente.
De haber aceptado el caso, el tribunal habría abierto la puerta a un nuevo desafío a los derechos LGTBIQ+, en un contexto político donde algunos sectores conservadores han promovido medidas para revertir los avances sociales logrados durante las administraciones anteriores. Desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, varios estados republicanos han impulsado proyectos de ley destinados a limitar derechos de las minorías sexuales y de género.
El fallo Obergefell vs. Hodges, emitido el 26 de junio de 2015 durante el mandato de Barack Obama, cambió el panorama legal del país al determinar que la Enmienda 14 de la Constitución garantiza la igualdad de protección ante la ley para todas las personas, independientemente de su orientación sexual. En ese momento, trece estados, entre ellos Kentucky, aún prohibían el matrimonio homosexual, lo que quedó sin efecto tras la sentencia.
Sin embargo, la tensión entre libertad religiosa y derechos civiles persiste. En Texas, una reciente orden judicial del Supremo estatal resolvió que los jueces que decidan “abstenerse de celebrar matrimonios” por razones religiosas no están violando las leyes locales, lo que algunos analistas consideran un precedente preocupante.
En paralelo, la Ley de Respeto al Matrimonio, aprobada por el Congreso y firmada por Joe Biden en 2022, garantiza el reconocimiento de todos los matrimonios —incluidos los entre personas del mismo sexo y los interraciales— y prohíbe que cualquier estado los desconozca, incluso si intenta revocar la jurisprudencia federal.
Aunque el fallo del Supremo de este lunes ofrece tranquilidad temporal a quienes defienden los derechos LGTBIQ+, expertos advierten que el tema podría volver al máximo tribunal en los próximos años, especialmente si los grupos conservadores logran articular nuevas demandas con base en la libertad religiosa o la autonomía estatal.
