BOGOTÁ, 16 sep.— La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este martes su primera sentencia contra la antigua cúpula de las FARC, responsabilizándola por los secuestros de más de 21.000 personas cometidos durante cinco décadas de conflicto armado.
Entre los sentenciados figuran Rodrigo Londoño Echeverri —actual presidente del partido Comunes—, los congresistas Julián Gallo Cubillos y Pablo Catatumbo, además de exjefes como Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra y Rodrigo Granda Escobar.
La sentencia no contempla prisión, pero los sancionados cumplirán ocho años de restricciones de movilidad —el máximo permitido por la JEP— y deberán participar en proyectos de reparación a las víctimas, como la búsqueda de desaparecidos, la entrega de información sobre minas antipersonales y la organización de actos públicos de perdón. El cumplimiento será supervisado por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU.
Crímenes reconocidos y memoria del secuestro
Los excomandantes aceptaron haber implementado una política sistemática de secuestros de civiles, políticos, militares y policías, muchos de los cuales sufrieron tratos crueles, violencia sexual y condiciones inhumanas de cautiverio.
El tribunal documentó cómo las FARC utilizaron el secuestro para financiarse mediante extorsiones y para forzar intercambios de prisioneros. Algunos rehenes fueron liberados o rescatados, pero otros fueron asesinados o permanecen desaparecidos.
El caso más emblemático fue la Operación Jaque en 2008, cuando el Ejército rescató a 14 secuestrados, entre ellos la excandidata presidencial Íngrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses. Betancourt, en su testimonio ante la JEP, recordó: “Todavía guardo las marcas de las cadenas en el cuello… había un guerrillero que me apretaba tanto la cadena que no podía pasar saliva”.
Un fallo histórico y polémico
Se trata de la primera sentencia que dicta la JEP desde su creación en 2016 tras el acuerdo de paz, y marca un precedente en la investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El sistema de justicia transicional juzga actualmente a más de 14.000 personas relacionadas con el conflicto: un 70 % exguerrilleros, 29 % miembros de la fuerza pública y el resto civiles.
Aunque la comunidad internacional ha valorado este fallo como un hito en la búsqueda de la paz, sectores críticos en Colombia lo señalan como un ejemplo de “impunidad”, al no imponer cárcel a los responsables de miles de secuestros.
