Madrid, 9 sep.- La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró este martes que el Ejecutivo mantiene su confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo acordara la apertura de juicio oral en su contra por un presunto delito de revelación de secretos. Sin embargo, el Partido Popular (PP) ha reclamado su inmediata dimisión.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría defendió la labor del fiscal: «Siempre hemos sido conscientes de que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito; por tanto, todo el respeto a esta resolución y también toda la confianza hacia el fiscal general del Estado».
El PP carga contra Sánchez y exige la salida de García Ortiz
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió a través de la red social X que si Pedro Sánchez no exige la dimisión de García Ortiz, «le acompañará hasta el banquillo». Feijóo sostuvo que con el procesamiento del fiscal, la prisión del hermano de Sánchez, la imputación de su esposa y la de su ex mano derecha, así como la detención del número dos del PSOE, Santos Cerdán, la «limpieza» del país pasa por «cambiar al presidente del Gobierno».
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, fue más tajante: «El fiscal general está tardando en dimitir y el presidente del Gobierno está tardando en pedírselo». A su juicio, la continuidad de García Ortiz es incompatible con los estándares de un «país democrático» y debería abandonar el cargo por «ética y moral».
El PSOE y Sumar cierran filas con el fiscal
Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Patxi López, defendió la presunción de inocencia de García Ortiz y criticó la presión de la oposición: «¿Cómo se entendería un país que hiciera dimitir a quien defiende la verdad sin concederle la presunción de inocencia, mientras siguen en la calle quienes no son inocentes, por ejemplo Aldama?».
Por su parte, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, denunció que el proceso judicial abierto contra García Ortiz vulnera garantías constitucionales: «No se le puede pedir a un investigado que pruebe su propia inocencia y esto es lo que está pasando, desoyendo indicios, pruebas y testificales».
El caso contra García Ortiz marca un nuevo capítulo en la creciente tensión institucional y judicial que enfrenta al Gobierno y la oposición, en un momento donde la credibilidad de la Fiscalía y la estabilidad política vuelven a quedar en entredicho.
