Washington, 14 agosto.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por el secretario Marco Rubio, anunció este miércoles nuevas restricciones de visado contra funcionarios gubernamentales de países africanos, Brasil y Granada por su presunta complicidad en la contratación de misiones médicas cubanas, las cuales Washington califica como una forma de trabajo forzoso. Las sanciones también afectan a familiares directos de los implicados.
Aunque Rubio no precisó qué naciones africanas forman parte de la medida ni reveló la identidad de los funcionarios sancionados, sí subrayó que el objetivo es frenar el programa internacional de médicos de Cuba, al que acusó de explotar laboralmente a los profesionales sanitarios y beneficiar económicamente al régimen de Miguel Díaz-Canel.
“Este plan enriquece al corrupto régimen cubano mientras priva al pueblo cubano de atención médica esencial”, declaró Rubio, enfatizando que el Gobierno de La Habana «alquila» a sus médicos a precios elevados y se queda con la mayor parte de los ingresos generados.
Las medidas incluyen también la revocación de visas y nuevas restricciones contra varios funcionarios del Gobierno brasileño y exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), vinculados al programa “Mais Médicos”, una iniciativa de cooperación entre Brasil, Cuba y la OPS destinada a llevar médicos a zonas remotas de Brasil. Rubio calificó dicho programa como una “estafa diplomática desmesurada” que, según Washington, sirvió para encubrir la explotación laboral de los profesionales cubanos.
El secretario de Estado hizo un llamado a los países que mantienen este tipo de acuerdos a pagar directamente a los médicos, en lugar de transferir los fondos al Gobierno cubano, al que calificó como “esclavista”. Además, instó a las naciones democráticas a unirse a Estados Unidos para “enfrentar los abusos del régimen cubano” y apoyar al pueblo de la isla.
Estas medidas siguen la línea de las políticas aplicadas durante la Administración de Donald Trump, que ya en febrero y junio de este año había sancionado a funcionarios cubanos y de países centroamericanos por su participación en programas médicos gestionados por La Habana.
Por su parte, el Gobierno cubano rechazó de manera contundente las acusaciones, calificándolas como parte de una “campaña de desprestigio” contra su sistema de cooperación internacional. La Habana defiende que sus misiones médicas, presentes en varias naciones latinoamericanas, caribeñas y en más de 20 países africanos, han salvado millones de vidas y representan un pilar de su política exterior.
En su informe anual de derechos humanos, Estados Unidos volvió a incluir este programa entre los casos de “trabajo forzoso auspiciado por el Estado”, reforzando la presión diplomática sobre Cuba y los gobiernos que colaboran con ella en este sector.
