Bogotá, 10 julio.- Una nueva controversia sacude el panorama político colombiano luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara que desconfía de la transparencia de las elecciones de 2026, lo que generó un amplio rechazo por parte de partidos políticos, empresarios y sectores institucionales, que ven en sus palabras un intento por deslegitimar anticipadamente el sistema electoral.
La polémica se desató tras una publicación del mandatario en su cuenta de X, en la que expresó:
“Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”,
en referencia a la reciente adjudicación del contrato de logística electoral a la firma Thomas Greg & Sons, la misma empresa que ha gestionado los comicios colombianos en las últimas décadas, incluyendo aquellos que dieron la victoria al propio Petro como alcalde de Bogotá y presidente de la República.
Respuesta inmediata de gremios y partidos
La afirmación provocó una ola de reacciones. La presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, subrayó que la Registraduría Nacional es una institución seria y que las elecciones en Colombia han contado históricamente con las garantías constitucionales necesarias para su independencia y transparencia.
El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a más de 30 asociaciones empresariales, calificó las declaraciones de Petro como un “mensaje perjudicial para la democracia” y pidió que cualquier denuncia sobre irregularidades electorales se haga con evidencia y por los canales institucionales adecuados.
Por su parte, el partido Cambio Radical fue más directo y acusó al presidente de preparar el terreno para deslegitimar los resultados electorales en caso de una derrota de su coalición:
“Ya se le vieron las verdaderas intenciones a Gustavo Petro (…) quiere deslegitimar el sistema que lo eligió”, escribió la colectividad en redes sociales.
Críticas desde el Congreso
El presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, recordó que la misma empresa cuestionada por Petro fue la que gestionó las elecciones en las que él resultó electo.
“Está acostumbrado a arremeter contra los órganos independientes y los poderes públicos”, criticó.
En sintonía, el partido uribista Centro Democrático acusó al mandatario de “sembrar un manto de duda” sobre un sistema que calificaron de “centenario” y “republicano”, instando a la ciudadanía a defender la institucionalidad.
El trasfondo: el contrato de pasaportes
La raíz de esta tensión se encuentra en la cancelación del contrato con Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes, hecho que provocó la renuncia de la canciller Laura Sarabia la semana pasada. Sarabia defendía la extensión del contrato, mientras que desde el Palacio de Nariño se impulsó un cambio de proveedor hacia la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional, esta última señalada por Sarabia de no tener capacidad técnica para asumir el reto.
Este episodio derivó en una investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría General contra Sarabia, su antecesor Luis Gilberto Murillo y el actual jefe de despacho presidencial Alfredo Saade, por eventuales perjuicios a los ciudadanos ante una eventual crisis en la expedición de pasaportes.
Llamado a la vigilancia electoral
Ante el tono creciente de la controversia, el Consejo Gremial y diversos sectores políticos han solicitado que se active una alerta temprana para garantizar que los comicios de 2026 cuenten con vigilancia de organismos de control y de la sociedad civil, asegurando así un proceso “legítimo, transparente y confiable”.
Mientras tanto, la controversia sigue creciendo en un país polarizado, donde las acusaciones de fraude anticipado, sin pruebas contundentes, amenazan con erosionar la confianza en el sistema democrático.
