Lima, 10 julio.- El Congreso de Perú aprobó este miércoles, en segunda y definitiva votación, una controvertida ley de amnistía para militares, policías y miembros de comités de autodefensa implicados en delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, en el que se enfrentaron las fuerzas del Estado y grupos subversivos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Con 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, la Comisión Permanente del Congreso ratificó la norma impulsada por el legislador ultraconservador Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas, y defendida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución. La ley queda ahora lista para su promulgación por parte del Ejecutivo.
¿A quién beneficia la ley?
La norma establece la amnistía para los miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que:
- No cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada.
- Estén denunciados, investigados o procesados por hechos ocurridos durante el conflicto armado.
- Ya hayan sido sentenciados y tengan más de 70 años de edad, con sus penas en fase de ejecución.
Sin embargo, no se aplicará a casos de terrorismo ni a delitos de corrupción, según aclararon sus promotores.
Críticas por impunidad
La ley ha generado una fuerte reacción de organizaciones de derechos humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) calificó la norma como una “bofetada a la justicia” y advirtió que pone en riesgo más de 150 condenas y 600 procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.
“Esta ley viola sentencias internacionales y protege a violadores de derechos humanos, no a la democracia”, denunció la CNDDHH en un comunicado.
La organización recordó que, gracias a décadas de lucha judicial, se lograron sentencias emblemáticas contra militares implicados en masacres y ejecuciones extrajudiciales, como:
- El grupo Colina, responsable de La Cantuta y Barrios Altos.
- El expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad.
- El exministro Daniel Urresti, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
- El exmilitar Telmo Hurtado, por la matanza de Accomarca, donde fueron asesinadas 69 personas, entre ellas 22 niños.
“Con la entrada en vigencia de esta ley, todos ellos podrían quedar en libertad”, advirtió la CNDDHH.
Una ley de profundas divisiones
Mientras legisladores de derecha defendieron la ley como un “acto de justicia” para militares y policías que combatieron el terrorismo, parlamentarios de izquierda acusaron al Congreso de promover la impunidad sistemática y debilitar el Estado de derecho.
El debate promete seguir en los tribunales nacionales e internacionales, pues varias organizaciones ya anunciaron que apelarán a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impedir su aplicación.
