SAN JOSÉ, 23 junio.- La Fiscalía General de Costa Rica presentó este lunes una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves por presuntos delitos relacionados con el financiamiento ilícito de su campaña electoral de 2022, en la que resultó elegido mandatario del país. Junto con la acusación, se solicitó a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el levantamiento de su inmunidad presidencial para llevar el caso a juicio.
Además de Chaves, la fiscalía también ha acusado al vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André y a cuatro diputados oficialistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD): Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero. En todos los casos se ha solicitado el levantamiento del fuero correspondiente para avanzar con el proceso judicial.
Según el comunicado oficial del Ministerio Público, los siete altos funcionarios habrían financiado la campaña del PPSD a través de un fideicomiso privado y cuentas bancarias fuera del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Tesorería del partido político, tal como lo exige la legislación electoral costarricense.
“Ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral”, señala el comunicado de la fiscalía.
La acusación marca un hito en la historia reciente del país centroamericano, ya que involucra directamente al jefe de Estado y a varios miembros de su círculo más cercano en una investigación penal por corrupción electoral. La fiscalía no especificó los montos presuntamente irregulares, pero recalcó que los mecanismos utilizados eludieron los canales oficiales de fiscalización electoral.
Por el momento, el Gobierno de Rodrigo Chaves no ha emitido ninguna declaración pública sobre el caso. El siguiente paso procesal dependerá del pronunciamiento de los magistrados de la Corte Suprema, quienes deben decidir si levantan la inmunidad constitucional de los implicados para que el proceso judicial pueda avanzar hacia un juicio.
El caso ha generado un fuerte impacto político en Costa Rica, un país que históricamente ha mantenido altos estándares institucionales y democráticos en la región.
