Changuinola (Panamá), 21 jun.- La provincia panameña de Bocas del Toro, conocida por su producción bananera y su atractivo turístico, amaneció este sábado bajo un estado de urgencia decretado por el Gobierno de José Raúl Mulino, en respuesta a una escalada de violencia generada por las protestas contra la reforma de la Seguridad Social, mientras los servicios de internet y telefonía permanecen interrumpidos.
El decreto, que estará vigente durante cinco días, suspende garantías constitucionales como la libertad de tránsito, reunión y expresión, así como ciertas disposiciones relativas a detenciones, en un intento por restablecer el orden público en una provincia donde el malestar social ha derivado en saqueos, vandalismo y enfrentamientos.
El Ministerio de Seguridad confirmó este sábado que una de sus unidades fue herida por arma de fuego durante los disturbios, y elevó a 1.900 el número de agentes policiales desplegados en la zona. La madrugada del sábado se registraron nuevos ataques a instituciones públicas y comercios, incluidos un estadio de béisbol, el aeropuerto de Changuinola y las oficinas de Chiquita Panamá, empresa bananera que cerró operaciones en mayo tras una huelga prolongada de sus trabajadores.
80 detenidos y 13 policías heridos
En una semana de operativos, las autoridades reportan al menos 80 personas detenidas y 13 agentes heridos. Los bloqueos viales han generado una grave crisis humanitaria, con escasez de alimentos, medicinas y combustibles en una provincia insular con fuerte dependencia económica del banano y el turismo.
Las protestas comenzaron en abril, impulsadas por sindicatos de maestros y obreros de la construcción, en rechazo a la Ley 462, que reforma el sistema de Seguridad Social. Los trabajadores bananeros se sumaron tras denunciar que la ley afectaba sus beneficios laborales, al modificar disposiciones anteriores que los protegían.
Acuerdo parcial no detuvo la crisis
Aunque el Gobierno y sindicatos bananeros firmaron esta semana una nueva ley que mejora las condiciones laborales del sector, permitiendo levantar los bloqueos en algunas vías, otros sectores sociales y educativos rechazaron el acuerdo y reanudaron las manifestaciones. Esto llevó a un endurecimiento del operativo policial y al decreto del estado de urgencia.
Organizaciones civiles han expresado preocupación por el corte de telecomunicaciones y la restricción de derechos fundamentales en Bocas del Toro, mientras el Gobierno insiste en que detrás de las protestas hay motivaciones políticas que buscan desestabilizar al país.
La situación continúa siendo extremadamente tensa, con reportes de abusos policiales y detenciones arbitrarias, según organizaciones de derechos humanos locales. Se prevé que nuevas protestas se extiendan a otras provincias si no se abre un canal de diálogo inclusivo.
