Bogotá, 11 junio. — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes que firmó el decreto que convoca una consulta popular con el fin de que los ciudadanos decidan si respaldan su reforma laboral, tras el estancamiento del proyecto en el Senado. La decisión fue comunicada a través de su cuenta oficial en la red social X, donde también señaló que el decreto fue remitido a la Corte Constitucional, que deberá avalar la legalidad de la iniciativa.

Un giro en la estrategia política del Gobierno

En días anteriores, el jefe de Estado había adoptado un tono conciliador y sostenido acercamientos con partidos de oposición para lograr consensos en el Senado que permitieran avanzar en la aprobación de un articulado ajustado a las diversas posturas políticas. Sin embargo, la negativa del Congreso a dar luz verde al proyecto empujó al mandatario a recurrir a la figura de la consulta popular por decreto, una medida que ha generado fuertes divisiones incluso dentro del oficialismo.

Tensiones en el oficialismo y críticas del Congreso

La decisión presidencial ha sido motivo de controversia dentro de las propias filas del Pacto Histórico. Las senadoras Angélica Lozano y María José Pizarro protagonizaron una fuerte discusión pública por la insistencia del Ejecutivo en llevar adelante la consulta sin pasar por los canales legislativos habituales. Lozano calificó la estrategia como un “golpe nada blando”, lo que refleja la creciente polarización que ha generado esta medida entre quienes la ven como un acto democrático y quienes la consideran una ruptura institucional.

Indagación preliminar contra Petro por otro caso

Mientras tanto, la Fiscalía General abrió una indagación preliminar contra el presidente Petro, relacionada con cartas enviadas por el excanciller Álvaro Leyva durante su gestión. La denuncia fue presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, y aunque no está directamente vinculada a la consulta popular, agrega presión judicial y política sobre el mandatario en un momento de creciente tensión institucional.


El futuro de la consulta popular está ahora en manos de la Corte Constitucional, que deberá decidir si el mecanismo convocado por decreto es válido dentro del marco legal colombiano. Mientras tanto, Petro dejó claro que está dispuesto a retirar el decreto si el Congreso responde favorablemente a los puntos clave de su reforma laboral. En medio de la incertidumbre, el debate sobre el alcance del poder presidencial y los límites del orden constitucional vuelve al centro de la agenda nacional.

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