La Paz, 6 jun.- El Gobierno de Bolivia presentó este jueves una denuncia formal ante la Fiscalía contra el expresidente Evo Morales por ocho delitos, entre ellos terrorismo, instigación pública a delinquir y obstrucción de procesos electorales, en el contexto de las masivas movilizaciones y bloqueos que sus seguidores mantienen para exigir su habilitación como candidato presidencial para las elecciones del 17 de agosto.
El ministro de Justicia, César Siles, confirmó la acción legal al salir de la Fiscalía General del Estado: “Hemos presentado una denuncia por ocho delitos de acción pública atribuibles, inicialmente, al señor Evo Morales Ayma, a la señora Suseth Rodríguez y a quienes resulten autores, coautores, cómplices o encubridores”.
Los cargos incluyen también atentados contra la seguridad de los servicios públicos y del transporte, atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales y destrucción de bienes del Estado.
Desde hace cuatro días, sectores afines a Morales mantienen bloqueos en distintas carreteras del país, afectando el suministro de combustible, el paso de ambulancias y la distribución de alimentos. El Gobierno reportó al menos 20 policías heridos durante los intentos de desbloqueo, y advirtió sobre fallecidos y daños materiales.
El detonante de las protestas fue la ratificación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de que el partido Pan-Bol, por el cual Morales intentaba postularse, perdió su personería jurídica por no alcanzar el mínimo del 3 % de votos en las elecciones de 2020. A esto se suma un fallo constitucional que limita la reelección presidencial a una sola vez de forma continua, lo que deja fuera de carrera a Morales, quien ya ejerció el poder en tres periodos consecutivos (2006-2019).
El presidente Luis Arce denunció que Morales busca desestabilizar al país: “Está dispuesto a cercar ciudades e impedir el paso de alimentos, como lo hizo antes. Y, de ratificarse su inhabilitación, busca que no se realicen las Elecciones Generales del 17 de agosto”.
Este viernes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregará el listado oficial de candidatos habilitados. Se prevé que los sectores leales a Morales intensifiquen sus protestas, mientras que el Gobierno intenta mantener el orden ante el riesgo de escalada de violencia.
Además de este proceso penal, Morales enfrenta una orden de captura en un caso por trata agravada de personas, en el que se le acusa de haber embarazado a una menor de edad durante su mandato presidencial.
La ruptura entre Morales y Arce, aliados históricos en el Movimiento al Socialismo (MAS), se produjo en 2021 y se agudizó este año, con la renuncia de Morales a la militancia del partido que fundó hace casi tres décadas, profundizando la crisis interna en la fuerza política que aún gobierna Bolivia.
