CIUDAD DE GUATEMALA, 3 JUNIO.— Una corte guatemalteca emitió una orden de detención contra Iván Velásquez, exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y Luz Adriana Camargo Garzón, exjefa de investigaciones de este órgano y actual fiscal general de Colombia. Las acusaciones se centran en supuestas irregularidades durante las investigaciones realizadas desde 2017 sobre los sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios públicos guatemaltecos.
El fiscal Rafael Curruchiche, conocido por ser sancionado por varios países debido a su papel en obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia, solicitó la orden judicial de aprehensión contra ambos exfuncionarios. Según Curruchiche, Velásquez y Camargo formaron parte de una «estructura criminal» que favoreció a los empresarios de Odebrecht, causando al Estado guatemalteco pérdidas superiores a 3.000 millones de quetzales (aproximadamente 380 millones de dólares).
Un Contexto de Controversia
Las investigaciones iniciales del caso Odebrecht fueron lideradas por Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala. En 2017, Sandoval viajó a Brasil para firmar convenios con representantes de Odebrecht, donde estos últimos declararon sobre los sobornos pagados a funcionarios guatemaltecos a cambio de garantías legales que cerraban las investigaciones en su contra.
Sin embargo, tras asumir su cargo, Curruchiche reenfocó la investigación hacia los fiscales, jueces y miembros de la CICIG involucrados en el caso original. Este giro ha generado críticas tanto dentro como fuera de Guatemala, argumentándose que estas acciones buscan deslegitimar las investigaciones previas que llevaron a la detención de figuras clave, incluyendo Alejandro Sinibaldi, exministro de comunicaciones e infraestructura, y Manuel Baldizón, excandidato presidencial, quienes hoy gozan de libertad.
Reacciones Internacionales y Nacionales
Tras conocerse las órdenes de detención, Velásquez respondió en su cuenta oficial en X: “Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche —designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea— extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”.
Por su parte, el gobierno guatemalteco rechazó de manera enfática las órdenes de aprehensión, calificándolas de «un acto irresponsable y espurio». En un comunicado oficial, señaló que dichas órdenes carecen de sustento legal y violan el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de la CICIG, así como sus principios de justicia y derecho internacional.
La canciller colombiana, Laura Sarabia, también expresó su preocupación, afirmando que las órdenes carecen de fundamentos jurídicos y constituyen un atentado contra los principios de justicia internacional. Colombia activó canales diplomáticos para manifestar formalmente su rechazo.
Curruchiche informó que solicitó a Interpol hacer efectivas las detenciones, lo que generó aún más controversia dado que muchos consideran estas acciones como parte de una estrategia política para proteger a quienes recibieron sobornos.
Legado de la CICIG
La CICIG operó en Guatemala durante 12 años, desde 2007 hasta 2019, cuando el entonces presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato tras revelarse que miembros de su familia estaban implicados en acusaciones de corrupción. Durante su existencia, la comisión desarticuló cientos de estructuras de crimen organizado, llevando ante la justicia a jueces, fiscales, funcionarios públicos, expresidentes y empresarios.
Según el mandato de la CICIG, establecido en un acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco, los miembros internacionales de la comisión disfrutan de privilegios e inmunidades similares a los otorgados a expertos de misiones de Naciones Unidas. Estas inmunidades incluyen inmunidad de arresto o detención personal y protección frente a cualquier acción judicial derivada de sus funciones, incluso después de haber dejado de prestar servicios a la CICIG.
Impacto Político y Social
Este caso resalta tensiones profundas en Guatemala respecto a la lucha contra la corrupción. Mientras algunos ven estas órdenes como un esfuerzo legítimo por revisar investigaciones pasadas, otros interpretan que son parte de una campaña de retaliación contra quienes han combatido sistemáticamente la impunidad en el país.
En un contexto marcado por denuncias de manipulación judicial y persecución política, el futuro de la justicia en Guatemala parece incierto. La comunidad internacional observa de cerca cómo evolucionan estos eventos, mientras figuras como Velásquez y Camargo enfrentan posibles consecuencias legales bajo un sistema judicial que muchos consideran comprometido.
