LA PAZ, 3 JUNIO.— Este martes, al menos diez puntos de bloqueo fueron registrados en carreteras de Bolivia, principalmente en el departamento de Cochabamba, aislando esta región del resto del país. Los seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019) lideran las protestas, rechazando la crisis económica actual y exigiendo la inscripción de Morales en las elecciones presidenciales convocadas para el 17 de agosto, a pesar de su inhabilitación legal.
Bloqueos y Respuesta Oficial
Los bloqueos, que han complicado el abastecimiento de alimentos y agudizado la escasez de combustible, fueron protagonizados principalmente por simpatizantes de Morales, quienes buscan presionar al gobierno para incluirlo en los comicios. La Policía boliviana intervino temprano uno de los piquetes ubicados en la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país, cerca de Sipe Sipe. Afortunadamente, no se reportaron enfrentamientos ni heridos durante el operativo.
El ministro de Gobierno (Seguridad), Roberto Ríos, responsabilizó a Morales por lo que considera un “boicot” a las elecciones. Criticó los bloqueos, señalando que no contribuyen a mejorar la situación económica del país. “¿Se puede llamar a esto un bloqueo para mejorar la situación?”, cuestionó Ríos durante una conferencia de prensa.
El Debate Electoral y la Posición Legal de Morales
Evo Morales enfrenta impedimentos legales para participar en las próximas elecciones debido a sentencias judiciales que limitan el ejercicio de la Presidencia a dos mandatos consecutivos o discontinuos. Morales ocupó el cargo durante tres períodos consecutivos entre 2006 y 2019. Además, el plazo para el registro de candidaturas venció el 19 de mayo, y en Bolivia rige el principio de preclusión electoral, lo cual impide ampliar o repetir cualquier fase del calendario oficial.
Tras perder el control legal del Movimiento Al Socialismo (MAS) en medio de tensiones con el actual presidente Luis Arce, Morales logró una alianza con el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan Bol). Sin embargo, este frente político estaba inicialmente inhabilitado para participar debido a la pérdida de su personería jurídica. Un fallo judicial restituyó recientemente su vigencia legal, lo que activó nuevas protestas entre los seguidores de Morales, quienes acusan a la justicia de intervenir indebidamente en el proceso electoral.
Demandas Sociales y Críticas al Gobierno Actual
Las movilizaciones no solo buscan incluir a Morales en las elecciones, sino que también reflejan el descontento generalizado por la crisis económica que afecta al país desde hace dos años. Bolivia enfrenta serios problemas financieros marcados por la falta de divisas, periodos de escasez de combustible y un considerable aumento en los precios de la canasta familiar y el costo de vida.
Manifestantes en Cochabamba portaban consignas como “El pueblo boliviano se muere de hambre”, “No a la subida de la canasta familiar” y “Arce inútil”. Exhibieron cacerolas vacías y envases de productos básicos como símbolo de la inaccesibilidad de estos bienes esenciales. Algunos sectores incluso han demandado la renuncia del presidente Arce, atribuyéndole responsabilidad por la deteriorada situación económica.
Tensión Política y Futuro Incierto
La polarización política en Bolivia sigue escalando mientras se acercan las elecciones. Por un lado, los aliados de Morales mantienen su postura firme, argumentando que sin él no habrá democracia ni elecciones válidas. El diputado Santos Mamani llegó incluso a amenazar con juicios penales contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) si no inscriben a Morales como candidato.
Por otro lado, el gobierno de Arce y otros sectores políticos rechazan estas exigencias, defendiendo el cumplimiento estricto del marco legal vigente. Esta disputa, sumada a las crecientes protestas sociales, pone en jaque la estabilidad política y económica del país en un contexto ya complejo antes de los comicios.
Con las elecciones programadas dentro de tres meses, Bolivia parece encaminarse hacia un período aún más volátil, donde tanto las decisiones judiciales como las acciones gubernamentales serán clave para determinar si el proceso electoral podrá desarrollarse en paz o si continuará siendo obstaculizado por bloqueos y manifestaciones masivas.
