MADRID, 10 de abril — La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles, en un auto, la decisión del magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa por el proceso independentista catalán, de no aplicar la ley de amnistía al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y otros investigados por el delito de malversación de caudales públicos.
La resolución desestima los recursos presentados contra el auto de Llarena por parte de la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal, la acusación ejercida por Vox, así como las defensas de Puigdemont, el exconseller Antoni Comín y el exconseller Lluís Puig. La decisión reafirma que la ley de amnistía no cubre los casos en los que se haya actuado con un “propósito personal de carácter patrimonial”, interpretando dicha excepción de manera amplia.
El Argumento del Tribunal: Un Beneficio Patrimonial Indirecto
La Sala avala el criterio del juez Llarena al considerar que el concepto de “beneficio personal de carácter patrimonial” incluye no solo el incremento tangible del patrimonio personal, sino también la evitación de pérdidas o gastos indebidos asumidos por los fondos públicos. Según el tribunal:
«Un sujeto se beneficia patrimonialmente cuando se incrementa su patrimonio pero también cuando su patrimonio no decrece porque sus obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos».
En este caso, los investigados impulsaron un proyecto político ilegal (el proceso independentista) y asignaron gastos millonarios a la administración autonómica sin que estas acciones respondieran a intereses públicos legítimos. Por ello, el tribunal concluye que estos actos pueden ser calificados como malversación con un propósito personal de carácter patrimonial.
La Sala también descartó que esta decisión sea arbitraria o contraria a principios constitucionales, argumentando que se ajusta a una interpretación razonable de la ley de amnistía. Además, rechazó plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señalando que la interpretación realizada respeta el marco legal vigente.
Reacciones ante la Decisión
Carles Puigdemont: Crítica al Poder Judicial
Tras conocerse el fallo, Carles Puigdemont criticó duramente la decisión del Supremo, calificándola de “otra muestra más de la ‘normalidad’ que pregona el poder político en Cataluña”. En un mensaje en X (anteriormente Twitter), afirmó que el tribunal está “retorciendo la interpretación” de la ley para negar la aplicación de la amnistía.
Puigdemont también hizo referencia velada al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sugiriendo que tanto él como quienes se opusieron al proceso independentista en 2017 comparten responsabilidad en lo que considera una falta de voluntad política para resolver el conflicto catalán.
Salvador Illa: Respeto a las Decisiones Judiciales
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, declaró desde Milán que respeta las decisiones judiciales, pero insistió en la necesidad de respetar igualmente las del poder legislativo. Illa recordó que el Parlamento español aprobó la ley de amnistía como un intento de avanzar hacia la reconciliación en Cataluña y lamentó que aún no esté plenamente efectiva.
«Respeto siempre las decisiones judiciales pero también pido respeto para las decisiones que en este caso tomó el poder legislativo, que fue la de aprobar una ley de amnistía», dijo Illa.
PP y Vox: Apoyo a la Decisión Judicial
Desde la oposición, el Partido Popular (PP) y Vox celebraron el fallo del Supremo. La vicesecretaria de Educación y Salud del PP, Ester Muñoz, afirmó que la decisión confirma la “corrupción política” del gobierno de Pedro Sánchez, mientras que desde Vox pidieron que se mantenga la firmeza judicial frente a quienes consideran responsables de un “golpe de Estado”.
«No se puede amnistiar la malversación de caudales públicos, entre otras cosas, porque el derecho europeo lo impide y los tratados de la Unión Europea lo impiden», declaró Muñoz.
Para Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, la decisión es un triunfo de la justicia, reiterando que “Puigdemont tiene que estar entre rejas” y criticando que el Gobierno dependa de un “prófugo” para sostenerse políticamente.
El Contexto Político: Tensión entre Justicia y Reconciliación
La decisión del Supremo profundiza la división entre quienes ven en la ley de amnistía una oportunidad para cerrar heridas y quienes consideran que debe prevalecer el rigor judicial frente a actos de malversación. Este debate refleja la complejidad del conflicto catalán, donde la búsqueda de justicia y la aspiración de reconciliación nacional chocan constantemente.
Mientras tanto, la postura del gobierno central liderado por Pedro Sánchez sigue siendo observada con lupa. La Abogacía del Estado, dependiente del Ejecutivo, recurrió inicialmente la decisión de Llarena, lo que generó críticas desde sectores independentistas y unionistas por igual.
Conclusión: Una Decisión con Implicaciones Políticas
La ratificación por parte del Tribunal Supremo de la no aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont y otros investigados por malversación refuerza la línea dura de la justicia española frente al proceso independentista. Sin embargo, también alimenta tensiones políticas y sociales en Cataluña, donde muchos esperaban que la amnistía marcara un punto de inflexión hacia la normalización.
¿Podrá España encontrar un equilibrio entre justicia y reconciliación en el futuro? El fallo del Supremo parece indicar que el camino será largo y lleno de obstáculos, especialmente en un contexto donde el conflicto catalán sigue siendo una herida abierta en la sociedad española.
