WASHINGTON, 7 de abril — El gobierno del presidente Donald Trump solicitó este lunes a la Corte Suprema que intervenga y bloquee una orden judicial emitida por una jueza federal que exige el retorno a Estados Unidos de un inmigrante radicado en Maryland, quien fue trasladado a una prisión notoria en El Salvador.
La solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) argumenta que la jueza federal de distrito Paula Xinis excedió su autoridad al ordenar que Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño, sea devuelto al país. Según el gobierno, Ábrego García ya no está bajo custodia de las autoridades estadounidenses, lo que hace imposible cumplir con la orden.
El Caso de Kilmar Ábrego García
Ábrego García, quien residía legalmente en Maryland, fue deportado a El Salvador como parte de un programa del gobierno de Trump que busca transferir migrantes detenidos en EE.UU. a países de origen para ser procesados allí. Sin embargo, su caso ha generado controversia debido a las condiciones extremas y los abusos documentados en la prisión donde fue enviado en El Salvador.
La jueza Paula Xinis emitió una orden judicial exigiendo que el gobierno de EE.UU. “facilitara y efectuara” el regreso de Ábrego García antes de la medianoche del martes. Según la jueza, la deportación violaba los derechos fundamentales de Ábrego García y ponía en riesgo su seguridad al enviarlo a una prisión conocida por graves violaciones a los derechos humanos.
El Argumento del Departamento de Justicia
En su apelación ante la Corte Suprema, el DOJ argumentó que:
- Falta de jurisdicción sobre Ábrego García: El gobierno sostiene que, una vez que un inmigrante es deportado y entregado a otro país, ya no está bajo su jurisdicción ni control. Por lo tanto, no existe un mecanismo legal para traerlo de vuelta.
- Exceso de autoridad judicial: Según el DOJ, la jueza Xinis excedió sus competencias al ordenar medidas que implican interferir en decisiones de política migratoria y relaciones internacionales, áreas que tradicionalmente corresponden al poder ejecutivo.
- Riesgo de precedentes judiciales: El gobierno advierte que permitir esta orden podría abrir la puerta a futuras demandas similares, debilitando la capacidad del ejecutivo para manejar casos de deportación.
La Posición de la Jueza Xinis
La jueza Xinis justificó su decisión señalando que la deportación de Ábrego García violó normas legales y principios de derechos humanos. Según documentos judiciales, la medida puso al inmigrante en peligro inminente al enviarlo a una prisión conocida por altos niveles de violencia, torturas y abusos.
Xinis también criticó duramente el programa de deportaciones rápidas implementado por el gobierno de Trump, argumentando que no se tomaron en cuenta adecuadamente los riesgos para la vida y la integridad física de los deportados.
La Decisión de la Corte de Apelaciones
Antes de acudir a la Corte Suprema, el gobierno intentó obtener una suspensión de la orden judicial ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en Richmond, Virginia. Sin embargo, esa corte rechazó la solicitud, dejando vigente la orden de la jueza Xinis.
Este rechazo llevó al DOJ a elevar el caso al máximo tribunal del país, buscando una intervención de emergencia antes de la fecha límite impuesta por Xinis (medianoche del martes).
Un Caso Político y Legal Sensible
El caso de Ábrego García ha puesto de relieve las tensiones entre los poderes ejecutivo y judicial en materia migratoria, así como los debates sobre la responsabilidad moral de EE.UU. al deportar personas a países con sistemas penitenciarios deficientes o peligrosos.
Grupos de derechos humanos han respaldado la decisión de la jueza Xinis, argumentando que devolver a Ábrego García a El Salvador equivale a condenarlo a un destino incierto y potencialmente mortal. Por otro lado, defensores de las políticas migratorias de Trump insisten en que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad nacional y reducir la carga de los recursos públicos en EE.UU.
¿Qué Sucederá Ahora?
La Corte Suprema deberá decidir rápidamente si concede la solicitud del gobierno para bloquear temporalmente la orden de Xinis. Si los jueces no actúan antes del plazo establecido, el gobierno podría enfrentar una crisis legal y política si no cumple con la orden.
Independientemente del resultado, este caso podría sentar un importante precedente sobre los límites del poder judicial para intervenir en decisiones de deportación y las obligaciones de EE.UU. hacia los migrantes que enfrentan riesgos extremos en sus países de origen.
Mientras tanto, el destino de Kilmar Ábrego García sigue en el aire, en medio de una batalla legal que refleja los desafíos éticos y prácticos de las políticas migratorias de EE.UU.
