CIUDAD DE MÉXICO, 26 de marzo — Un juez federal mexicano dictó una sentencia histórica al condenar a cuatro soldados del Ejército Mexicano a 40 años y nueve meses de prisión por el asesinato de cinco jóvenes ocurrido en febrero de 2023 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La decisión fue anunciada este miércoles por los abogados de las víctimas, quienes celebraron la resolución como un paso significativo hacia la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas militares.
El Caso: Una Noche Marcada por la Violencia
El crimen ocurrió la madrugada del 26 de febrero de 2023, cuando los cinco jóvenes regresaban de una celebración nocturna en una camioneta pickup. Según las investigaciones, los soldados pertenecientes al 16º Regimiento de Caballería Motorizada dispararon indiscriminadamente contra el vehículo, lanzando un total de 117 balas sin justificación aparente. Cinco hombres murieron en el lugar, mientras que otro resultó gravemente herido.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que no existieron indicios de que los ocupantes de la camioneta hubieran disparado contra los militares ni portaran armas. Sin embargo, los soldados argumentaron que actuaron bajo la creencia de que la camioneta, que circulaba sin placas y con las luces apagadas, representaba una amenaza. Este pretexto fue desmentido por las evidencias presentadas durante el juicio.
Condena Histórica para los Responsables
La sentencia emitida por el juez federal responsabiliza a los cabos Juan Carlos Gámez Mendoza, Agustín Sánchez Reyes, Bernardo Reyes Sánchez y Jorge Nicolás López por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Los cuatro permanecen detenidos en una instalación militar en la Ciudad de México bajo custodia de la Guardia Nacional.
Además de la pena de prisión, el juez ordenó al comandante del 16º Regimiento ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas una vez que la sentencia sea ratificada por instancias superiores. Esta medida busca reparar, en parte, el daño moral causado a las familias afectadas.
Un Paso Hacia la Justicia o Solo un Avance Parcial
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, destacó la importancia de esta sentencia como un mensaje claro a las fuerzas armadas: “Si un mando superior les ordena cometer un delito o una violación a los derechos humanos, no tienen la obligación de obedecer”. Ramos también reconoció la lucha incansable de los familiares de las víctimas y otros sobrevivientes para lograr justicia en este caso.
Sin embargo, el activista denunció que no todos los responsables fueron procesados. Según Ramos, la manipulación de evidencias y la protección de la cadena de mando por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) permitió que otros militares involucrados en la masacre evitaran ser juzgados. Esta opacidad institucional ha sido señalada repetidamente como un obstáculo para la rendición de cuentas en casos similares.
Las Víctimas: Historias Interrumpidas
Entre los fallecidos se encontraba Gustavo Suárez Castillo, quien había celebrado recientemente la noticia de que iba a ser padre. Su padre, Humberto Arturo Suárez, expresó su emoción tras la sentencia: “A fin de cuentas, Dios nos escuchó. Es la primera vez aquí en Nuevo Laredo que yo escucho que se hace justicia, que se enjuician a unos militares… Verdad, a unos, se puede decir, unos sicarios porque esos no son militares”.
El dolor de las familias quedó plasmado en sus palabras, pero también su esperanza de que esta sentencia sirva como precedente para futuros casos de violaciones a los derechos humanos.
Contexto de Violencia en Nuevo Laredo
Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza clave en el noreste de México, ha sido escenario de múltiples enfrentamientos entre cárteles de la droga y fuerzas de seguridad. Los soldados e infantes de Marina han sido blanco frecuente de ataques por parte de sicarios fuertemente armados. Sin embargo, esta misma región también ha registrado graves violaciones de derechos humanos atribuidas a las fuerzas armadas.
En 2021, la Armada de México entregó a 30 infantes de Marina a la justicia civil por su presunta participación en desapariciones forzadas ocurridas durante operaciones antidelincuenciales en 2014. Este caso marcó un hito similar al actual, demostrando que la impunidad militar no es absoluta.
Conclusión
La condena de los cuatro soldados representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad en México, especialmente en casos donde las fuerzas armadas están implicadas en violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, la falta de transparencia y la posible protección de mandos superiores dejan abiertas preguntas sobre la verdadera dimensión de la justicia alcanzada.
Para las familias de las víctimas, esta sentencia es un primer paso hacia la reparación de un daño irreparable. Para la sociedad mexicana, es una oportunidad para exigir mayores controles y supervisión sobre las acciones de las fuerzas armadas, asegurando que estos crímenes no queden en la impunidad.
Mientras tanto, la sombra de la violencia sigue proyectándose sobre comunidades como Nuevo Laredo, donde la línea entre seguridad y abuso de poder a menudo se difumina.
