WASHINGTON, 21 de marzo.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó este viernes que el tercer avión utilizado para deportar a ciudadanos venezolanos a El Salvador no violó una orden judicial emitida minutos antes de su despegue, argumentando que todos los ocupantes tenían “órdenes firmes de expulsión” y que ninguno fue deportado bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que no se había invocado desde la Segunda Guerra Mundial.
El caso ha generado un intenso debate sobre los límites del poder ejecutivo y la separación de poderes en EE.UU., mientras el juez federal James Boasberg, del Distrito de Columbia, analiza si el Gobierno violó su propia orden judicial al proceder con las deportaciones.
La Orden Judicial y el Debate Legal
El sábado pasado, el juez Boasberg emitió una orden para bloquear las deportaciones amparadas por la invocación que horas antes hizo el presidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta norma permite la expulsión sumaria de extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, ese mismo día, tres vuelos partieron de Texas hacia El Salvador, llevando a más de 200 venezolanos que el Gobierno asegura son miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
El Departamento de Justicia defendió que cuando los dos primeros vuelos despegaron, la orden judicial aún no era firme porque no había sido presentada por escrito. Además, argumentó que un juez federal no tiene potestad sobre las políticas de inmigración y seguridad nacional, que son competencia exclusiva del presidente.
Sin embargo, Boasberg cuestionó duramente esta postura durante una audiencia este viernes, señalando que los ocupantes del tercer avión fueron enviados a un tercer país (El Salvador) en lugar de ser deportados rápidamente a Venezuela bajo el Título 8 de la ley migratoria, como supuestamente permitía la situación legal de esos individuos.
“¿Por qué se firma esta proclamación (de la Ley de Enemigos Extranjeros) prácticamente en secreto el viernes, la noche del viernes o la madrugada del sábado, y luego a estas personas se las sube al avión a toda prisa?”, preguntó Boasberg.
El juez también criticó los argumentos del Departamento de Justicia, calificándolos de “terriblemente aterradores”. Subrayó que si ninguna corte puede revisar las decisiones del presidente bajo esta ley, entonces el mandatario podría declarar que cualquier persona está “invadiendo” el país y proceder a su deportación sin debido proceso.
El Contexto Político: Tren de Aragua y la Política Migratoria de Trump
El Gobierno de Trump ha justificado estas deportaciones masivas bajo el argumento de que el Tren de Aragua, una organización criminal originaria de Venezuela, representa una grave amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), muchos de los deportados estaban vinculados a actividades delictivas relacionadas con tráfico de drogas, extorsión y violencia.
Este caso forma parte de la agresiva política migratoria de la Administración Trump, que ha utilizado medidas excepcionales para abordar lo que describe como una “invasión” de bandas criminales en territorio estadounidense. La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros ha sido vista como un intento de ampliar los poderes presidenciales en materia de seguridad nacional, lo que ha generado preocupación entre expertos legales y defensores de derechos humanos.
Las Preguntas Clave del Juez Boasberg
Durante la audiencia, Boasberg expresó su escepticismo sobre los argumentos presentados por el Departamento de Justicia. Afirmó que solicitará información más detallada sobre las órdenes de expulsión de los ocupantes del tercer avión y prometió investigar “hasta el fondo” si el Gobierno violó su orden judicial.
El juez también destacó la importancia de garantizar que las acciones del Ejecutivo sean revisables por el Poder Judicial, subrayando que:
“Si ninguna corte puede revisar estas decisiones, entonces el presidente puede decir que cualquiera está invadiendo los Estados Unidos.”
Esta declaración refleja la preocupación de Boasberg sobre el impacto que podría tener la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en los derechos constitucionales y la separación de poderes.
Reacciones y Críticas
El caso ha generado críticas tanto dentro como fuera del Gobierno. Miembros de la Administración Trump han pedido públicamente la destitución del juez Boasberg, alegando que sus decisiones interfieren con la seguridad nacional. Por otro lado, grupos de derechos humanos y expertos legales han aplaudido la postura del juez, argumentando que es crucial proteger los derechos de los individuos frente a posibles abusos del poder ejecutivo.
Un portavoz de una organización defensora de inmigrantes señaló:
“La invocación de una ley arcaica como la Ley de Enemigos Extranjeros no solo es preocupante desde un punto de vista legal, sino que también pone en riesgo los principios fundamentales de justicia y debido proceso.”
Conclusión: Un Caso que Desafía los Límites del Poder Presidencial
El caso de las deportaciones masivas de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros está poniendo a prueba los límites del poder ejecutivo y la capacidad del Poder Judicial para actuar como contrapeso. El juez Boasberg ha dejado claro que no aceptará explicaciones ambiguas y que buscará determinar si el Gobierno violó su orden judicial.
Mientras tanto, el debate sobre la separación de poderes y los derechos constitucionales sigue siendo un tema central en EE.UU. Este caso podría sentar un precedente importante sobre cómo se equilibran la seguridad nacional y las libertades individuales en el contexto de políticas migratorias cada vez más restrictivas.
Como concluyó Boasberg:
“Este es un asunto de principio. Si permitimos que el presidente actúe sin supervisión, estaríamos socavando los cimientos mismos de nuestra democracia.”
El resultado de este caso tendrá implicaciones duraderas para el sistema legal y político de EE.UU.
