BOGOTÁ, 20 de marzo.— La decisión del Senado colombiano de hundir la reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro ha profundizado la crisis de poderes en el país, exacerbando tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este choque político se enmarca en un contexto de polarización creciente, mientras el presidente anuncia medidas alternativas para avanzar con sus propuestas a través de decretos ejecutivos y una consulta popular, mecanismo que enfrenta resistencia en el Congreso.
El Hundimiento de la Reforma Laboral
La reforma laboral fue archivada este martes en la Comisión Séptima del Senado, donde ocho de los 14 miembros votaron en contra del proyecto. Esta decisión generó fuertes críticas del presidente Petro, quien acusó a los congresistas de actuar movidos por intereses particulares y no por el bien común.
«La Comisión Séptima ha cometido una ruptura abierta contra la Constitución, motivada exclusivamente y abiertamente por la codicia», declaró Petro, argumentando que la Carta Magna obliga a los legisladores a actuar en función del interés general.
El rechazo a la reforma laboral, junto con el de la reforma a la salud, ha llevado al mandatario a buscar alternativas para implementar sus políticas, incluyendo la expedición de decretos ejecutivos y la convocatoria a una consulta popular.
Decretos Ejecutivos como Alternativa
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el Gobierno comenzará a emitir decretos para aplicar partes de la reforma laboral hundida. Estos decretos ya están siendo revisados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia para asegurar su viabilidad legal.
«Los decretos que vamos a producir en los próximos días serán el resultado de lo que hemos elaborado recientemente en el Ministerio de Trabajo, que pasarán por el examen jurídico en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo) y que tendrán la firma del presidente de la República y del ministro de Trabajo», explicó Sanguino.
Esta estrategia busca sortear la oposición del Congreso, aunque podría enfrentar desafíos legales si los decretos son considerados inconstitucionales.
La Consulta Popular: Un Nuevo Frente de Batalla
El presidente Petro también ha propuesto llevar las reformas laboral y de salud a una consulta popular, un mecanismo que requiere la aprobación del Senado. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya se han estructurado 11 de las 12 preguntas que serán presentadas para este proceso.
«No hay fecha límite para presentar las preguntas, todo tendrá que ser acorde a los tiempos y ya tenemos estructuradas 11. No hay afán, lo importante es que queden bien hechas», precisó Benedetti.
Sin embargo, esta iniciativa enfrenta una fuerte resistencia en el Congreso. La senadora María Fernanda Cabal, del partido opositor Centro Democrático, afirmó que hará todo lo posible por bloquear la consulta popular.
«Lo que va a hacer Petro diciéndole al país de nuevo que no le pasamos sus reformas a la salud y laboral, es mentir y (…) hacer campaña para engañar nuevamente al país (en la consulta popular)», escribió Cabal en X (antes Twitter). «El Senado debe decirle no (a esa propuesta)».
Críticas al Ejecutivo y Defensa del Congreso
El enfrentamiento entre Petro y el Congreso ha generado reacciones encontradas. Por un lado, figuras de la oposición han criticado al presidente por lo que consideran un intento de debilitar la división de poderes.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras señaló que Petro está «insistiendo en hostigar y amenazar al Congreso, a la Rama Judicial, a los gobernadores y alcaldes», calificándolo de una acción que pone en riesgo la estabilidad institucional.
Por otro lado, el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, advirtió que intentar tumbar al Congreso sería equivalente a un golpe de Estado.
«Este es un Congreso legítimo que toma sus decisiones legítimas y de manera independiente», afirmó Cepeda, defendiendo el papel del Legislativo frente a las críticas del Ejecutivo.
Las Voces Oficialistas
Desde el oficialismo, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, criticó duramente a los partidos opositores que han manifestado su intención de hundir la consulta popular, argumentando que no están escuchando a la sociedad colombiana.
«Acaban de decir varias bancadas que van a hundir (la consulta popular) y ni siquiera conocen el contenido y las preguntas que van a presentar el presidente de la República y los ministros», declaró Pizarro a periodistas.
La senadora agregó que estas acciones dejan en evidencia que los congresistas no representan los anhelos de la población, que ha salido a las calles a manifestarse en apoyo a las reformas laborales y de salud.
Manifestaciones y Apoyo Ciudadano
El martes, miles de colombianos marcharon en varias ciudades del país en respaldo a las iniciativas del gobierno. Las protestas reflejan un descontento social creciente, especialmente entre trabajadores y sindicatos que demandan mejores condiciones laborales y acceso universal a la salud.
Para el oficialismo, estas movilizaciones demuestran que existe un amplio apoyo ciudadano a las reformas, lo que contrasta con la posición de algunos sectores del Congreso.
Conclusión: Un País Dividido
La crisis de poderes en Colombia evidencia una profunda división entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como entre el gobierno y sectores opositores. Mientras Petro insiste en avanzar con sus reformas mediante decretos y consultas populares, el Congreso se resiste a ceder terreno, argumentando que sus decisiones son legítimas e independientes.
Este pulso político plantea interrogantes sobre el futuro de las reformas laborales y de salud, así como sobre la estabilidad democrática del país. Como expresó la senadora Pizarro:
«Queda notificada la sociedad colombiana de que los congresistas no los escuchan, no los representan en su anhelo de alcanzar mejores derechos y garantías laborales».
El próximo capítulo de este conflicto dependerá de cómo evolucione la relación entre el Gobierno y el Congreso, y de si el presidente logra consolidar el apoyo ciudadano necesario para impulsar sus iniciativas desde otros frentes.
