BUENOS AIRES, 19 de marzo.— A pocas horas de una nueva protesta convocada por jubilados, sindicatos y movimientos sociales, el área cercana al Congreso argentino se encuentra altamente militarizada. Cientos de policías desplegados, vallas que bloquean el tránsito vehicular y mensajes preventivos en el transporte público marcan un ambiente de alta tensión en la capital argentina.
El gobierno nacional ha tomado medidas estrictas para evitar incidentes similares a los ocurridos durante la manifestación de la semana pasada, cuando las fuerzas de seguridad reprimieron con dureza a los manifestantes, dejando 124 detenidos y 46 heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece en estado grave tras recibir un impacto en la cabeza.
Mensajes Preventivos y Medidas de Seguridad
En las estaciones de trenes que conectan el área metropolitana con la ciudad de Buenos Aires, altavoces y pantallas muestran un mensaje inusual:
“Protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República.”
Este aviso, acompañado de un símbolo de peligro, contrasta con los anuncios habituales sobre servicios ferroviarios o campañas de salud pública. El tono del mensaje refleja la preocupación oficial por posibles disturbios durante la marcha de este miércoles.
Desde la noche del martes, las calles aledañas al Congreso han sido bloqueadas con vallas metálicas dentro de un perímetro de 100 metros, impidiendo el paso de vehículos y controlando rigurosamente el acceso de personas. Además, se retiraron 350 contenedores de residuos para evitar su uso como barricadas o proyectiles en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
La estación Congreso del Subte (metro) también permanece cerrada, mientras que los autobuses que circulan por la zona están siendo desviados. Estas medidas han alterado significativamente la movilidad urbana en el centro porteño.
El Debate en el Congreso
Mientras tanto, en el interior del Parlamento, legisladores discuten esta mañana un decreto presidencial firmado por el presidente Javier Milei, que busca avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este tema central ha generado gran controversia y es uno de los detonantes de las protestas, junto con las demandas específicas de los jubilados.
Los manifestantes exigen mejoras en las condiciones de vida de los adultos mayores, incluyendo:
- Un aumento sustancial en las pensiones.
- La restitución de la cobertura integral de medicamentos.
- La prórroga de la moratoria previsional, un plan de pagos que permite a quienes no tienen los aportes necesarios acceder a una jubilación mínima. Este beneficio está programado para expirar a finales de marzo.
Represalias del Gobierno
El gobierno de Milei ha endurecido su postura frente a las protestas. Este martes, solicitó a la Justicia la detención de 29 personas que participaron en la manifestación anterior, acusándolas de promover disturbios. Además, les prohibió el ingreso a estadios de fútbol y ofreció una recompensa de 10 millones de pesos (aproximadamente 9.500 dólares) a quienes proporcionen información sobre “quienes organizaron los incidentes”.
Estas acciones han generado críticas desde sectores opositores, que denuncian un exceso de autoritarismo y criminalización de la protesta social.
Apoyo Sindical y Social
La protesta de este miércoles cuenta nuevamente con el respaldo de importantes sectores sociales y sindicales, incluyendo docentes universitarios, organizaciones de derechos humanos y movimientos populares. Los convocantes exigen además la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien responsabilizan por la represión de la semana pasada.
“No vamos a permitir que nos quiten nuestros derechos. Nos siguen golpeando, pero seguiremos luchando”, declaró una jubilada presente en la convocatoria.
Conclusión: Un País Dividido
La protesta de este miércoles evidencia la creciente polarización en Argentina, donde las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Milei chocan frontalmente con las demandas de diversos sectores afectados por la crisis. Mientras el oficialismo insiste en priorizar ajustes fiscales y acuerdos internacionales como el del FMI, miles de ciudadanos salen a las calles para exigir soluciones urgentes a sus problemas cotidianos.
El despliegue policial y los mensajes preventivos anticipan una jornada cargada de tensión, en la que tanto el gobierno como los manifestantes parecen dispuestos a mantener sus posiciones sin ceder al diálogo.
El resultado de esta nueva movilización podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la sociedad civil, en un contexto político y económico cada vez más frágil.
