BARCELONA, 19 de marzo.— El presidente del Partido Popular de Cataluña (PPC), Alejandro Fernández, y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, han criticado duramente este miércoles el acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya (JxCat) para delegar competencias migratorias en Cataluña, incluyendo el control de fronteras, a los Mossos d’Esquadra. Ambos líderes políticos han calificado esta medida como un “atropello competencial” que pone en riesgo la seguridad ciudadana y vulnera la Constitución española.
El Acuerdo PSOE-Junts: Una Medida Polémica
El Gobierno central ha anunciado que los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, asumirán funciones relacionadas con la gestión migratoria “en colaboración y coordinación” con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil. Este pacto forma parte de un acuerdo más amplio entre el PSOE y Junts para avanzar en la transferencia de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña.
Sin embargo, tanto el PPC como Vox han rechazado categóricamente esta propuesta, argumentando que representa una invasión de competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 149 de la Constitución Española.
Las Críticas del PPC
Durante una concentración en defensa de la Policía Nacional y la Guardia Civil celebrada en Barcelona, Alejandro Fernández afirmó que este acuerdo no solo es ilegal, sino que también incrementa la inseguridad ciudadana al reducir el número de efectivos policiales dedicados a estas tareas.
“Propone expulsar a plazos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña, cuando hacen más falta que nunca, y trasladar a los Mossos d’Esquadra a las fronteras; unas fronteras que ya están perfectamente cubiertas”, declaró Fernández.
El líder del PPC también destacó que su partido apoya medidas como la equiparación salarial y una jubilación digna para los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, así como su reconocimiento como profesiones de alto riesgo.
“Proponemos exactamente lo contrario: hay que prestigiar y dar instrumentos a nuestras policías. A todas”, agregó.
La Postura de Vox
Por su parte, Ignacio Garriga calificó el pacto de “infame” y “atentado” contra la soberanía española, señalando que constituye un claro atropello competencial porque vulnera el artículo 149 de la Constitución, que otorga al Estado la exclusividad en materia de control de fronteras y política migratoria.
“Este infame pacto constituye una sentencia de muerte para la Guardia Civil y para la Policía en Cataluña”, afirmó Garriga.
El dirigente de Vox también criticó otro acuerdo entre el PSOE y JxCat sobre el reparto de menores migrantes en Cataluña, asegurando que esta medida “ahonda en el problema de la inmigración ilegal” y evidencia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está “secuestrado por un golpista prófugo”, en referencia a Carles Puigdemont, líder de JxCat.
“La inmigración ilegal no se puede repartir: a la inmigración ilegal hay que combatirla”, concluyó Garriga.
El Contexto del Debate
El acuerdo entre el PSOE y Junts busca avanzar en la transferencia de competencias migratorias a Cataluña, una demanda histórica del independentismo catalán. Sin embargo, esta propuesta ha generado una fuerte oposición desde sectores constitucionalistas, que consideran que debilita la unidad de España y compromete la eficacia de las políticas de seguridad nacional.
El control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado según la Constitución, y su delegación a fuerzas autonómicas como los Mossos d’Esquadra ha sido interpretada por algunos como un intento de desmantelar la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.
Conclusión: Un Debate Dividido
El debate sobre la delegación de competencias migratorias refleja las profundas divisiones políticas en España, especialmente en temas relacionados con Cataluña. Mientras que el independentismo ve estas medidas como un avance hacia un mayor autogobierno, sectores como el PP y Vox las consideran un ataque a la soberanía nacional y a la seguridad ciudadana.
El futuro de este acuerdo dependerá de cómo evolucione el diálogo político entre el Gobierno central y las fuerzas independentistas, así como de la respuesta de los tribunales ante posibles recursos de inconstitucionalidad.
“El control de fronteras no es negociable. Es una competencia del Estado que debe ser respetada”, subrayaron fuentes del PPC, dejando claro que continuarán luchando contra esta medida en los foros políticos y judiciales.
En un contexto marcado por tensiones territoriales y debates sobre la gestión migratoria, esta polémica pone de manifiesto los desafíos que enfrenta España para equilibrar autonomía regional y unidad nacional.
