LIMA, 13 de marzo.— El tribunal que juzga al expresidente peruano Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado de 2022 decidió este jueves proseguir con la audiencia programada, a pesar de que el exmandatario fue trasladado a un hospital debido a una deshidratación leve provocada por una huelga de hambre iniciada el lunes. La decisión fue tomada por la jueza Norma Carbajal, quien rechazó las solicitudes de suspensión presentadas por la defensa pública de Castillo y otros abogados de sus coinculpados.
La Decisión del Tribunal: Continuar sin Castillo
La jueza Carbajal argumentó que no es pertinente suspender la audiencia, ya que Castillo ha mostrado previamente su renuencia a continuar con el juicio en sesiones anteriores. Además, señaló que el exmandatario será representado legalmente por un abogado público, lo que garantiza que se respeten sus derechos procesales.
“No es adecuada la suspensión de la audiencia porque el señor Castillo ha manifestado repetidamente su intención de no participar en el proceso”, declaró Carbajal.
La magistrada también subrayó que la condición médica de Castillo podría haber sido autoinducida, aludiendo a su huelga de hambre como una posible estrategia para interrumpir el juicio. Según el Código de Ejecución Penal, esta acción podría ser considerada una “falta grave”.
El tribunal también rechazó un recurso de reposición presentado por la defensa pública de Castillo, confirmando así la continuidad de la audiencia.
La Condición Médica de Castillo
El exmandatario fue evacuado a un hospital después de que un examen médico realizado en su celda del penal de Barbadillo revelara un trastorno sensorial y signos de deshidratación leve. Los médicos determinaron que era necesario trasladarlo a un centro de salud para una evaluación más detallada. Durante el procedimiento, Castillo recibió suero intravenoso y mostró dificultades para responder a los llamados.
Castillo anunció el inicio de la huelga de hambre esta semana como forma de protesta contra su detención y procesamiento por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave afectación de la tranquilidad pública, cargos que niega haber cometido. Aunque ha insistido en su inocencia, la Fiscalía lo acusa de intentar cerrar el Congreso y el sistema judicial el 7 de diciembre de 2022, además de anunciar la conformación de un Ejecutivo de emergencia que gobernaría por decreto.
Posiciones Divididas en el Tribunal
Mientras la Fiscalía respaldó la decisión de continuar con el juicio, argumentando que la presencia física de Castillo no es estrictamente necesaria para esta jornada, otros abogados de los coinculpados pidieron la suspensión de la audiencia hasta el retorno del exmandatario.
“Es fundamental garantizar que todos los acusados estén presentes para asegurar un juicio justo”, sostuvieron algunos abogados defensores.
Por su parte, el abogado público de Castillo reiteró que el exmandatario ha expresado repetidamente su negativa a aceptar sus servicios legales. Sin embargo, solicitó formalmente al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informar sobre la ausencia de su patrocinado, lo cual fue comunicado mediante un oficio leído en la sala.
Testigos Clave en la Audiencia
En la sesión de hoy, la Fiscalía tiene previsto interrogar a varios testigos clave relacionados con los eventos del 7 de diciembre de 2022. Entre ellos destacan:
- Vicente Álvarez, exjefe del Estado Mayor de la Policía.
- Heidy Juárez, exministra de la Mujer.
- Alejandro Salas, exministro de Trabajo.
- Luis Matkovich, exedecán de Castillo.
- Luis Mendieta, exjefe del gabinete técnico de asesores.
- Juan Navarro, exsecretario general del Ministerio de Cultura.
Estos testimonios son fundamentales para establecer si Castillo actuó con la intención de subvertir el orden constitucional, tal como lo acusa la Fiscalía.
Una Pena Solicitada de 34 Años
La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Pedro Castillo, quien enfrenta múltiples cargos derivados de su intento de disolver el Congreso y asumir poderes extraordinarios. Según la acusación, Castillo pretendía instaurar un régimen de facto que gobernara por decreto, violando gravemente las normas democráticas.
El caso ha generado una profunda polarización en Perú, donde algunos sectores ven en Castillo a un líder populista perseguido políticamente, mientras que otros lo consideran responsable de un ataque directo a las instituciones democráticas.
Conclusión: Un Proceso Marcado por Tensión
El desarrollo del juicio contra Pedro Castillo sigue siendo un reflejo de la crisis política que sacude a Perú desde su destitución en 2022. La decisión del tribunal de continuar con la audiencia pese a la hospitalización del exmandatario evidencia la complejidad del proceso y las tensiones entre las partes involucradas.
Mientras Castillo mantiene su postura de protesta mediante la huelga de hambre, el tribunal insiste en avanzar con el juicio, priorizando el cumplimiento de los plazos procesales. Sin embargo, la falta de claridad sobre su estado de salud y su voluntad de participar en el proceso podrían generar nuevos debates sobre la equidad y transparencia del juicio.
“Este caso no solo define el destino de un expresidente, sino también la fortaleza de las instituciones democráticas en Perú”, concluyó un analista político consultado por EFE.
El país aguarda con cautela el desenlace de este proceso, consciente de que su resolución tendrá implicaciones profundas para el futuro político y jurídico de la nación.
