LIMA, 22 feb.- El Gobierno peruano acusó este viernes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de violar el principio de no intervención y de desconocer el Estado de derecho tras expresar su respaldo al expresidente peruano Pedro Castillo, quien permanece en prisión preventiva desde que intentó un fallido autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
El Comunicado del Gobierno Peruano
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno peruano rechazó y protestó formalmente por las declaraciones de Sheinbaum, señalando que reflejan “un total desconocimiento del fallido golpe de Estado” perpetrado por Castillo.
El texto subrayó que la postura de la mandataria mexicana muestra “un marcado irrespeto por el Estado de Derecho y el principio de no intervención”, e incluso contradice los principios de la Doctrina Estrada, una política exterior histórica de México que aboga por la no injerencia en los asuntos internos de otros países.
“Esta sostenida posición ideologizada de la señora Sheinbaum demuestra un desprecio por los fundamentos legales y políticos que rigen las relaciones internacionales”, añadió el comunicado. La Cancillería peruana concluyó exigiendo para Perú “el mismo grado de respeto que reclama el Gobierno mexicano en sus relaciones con otros estados”.
Las Declaraciones de Sheinbaum
La presidenta mexicana, durante su conferencia de prensa matutina, reveló que se reunió con el abogado de Pedro Castillo, el argentino Guido Croxatto, quien solicitó apoyo diplomático para presentar una denuncia ante instancias internacionales por las supuestas “violaciones a los derechos” del exmandatario peruano.
Sheinbaum afirmó que México respaldará estas acciones legales en el marco de las leyes nacionales e internacionales. “Por supuesto, que vamos a apoyar”, enfatizó, destacando que México considera injusta la situación que enfrenta Castillo.
Además, la mandataria criticó las dificultades que enfrenta el abogado para visitar a Castillo en prisión, lo que calificó como parte de las “injusticias” que rodean el caso del exgobernante peruano.
El Contexto Histórico y Político
La postura de Sheinbaum sigue la línea de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien calificó de “espurio” al gobierno de Dina Boluarte tras el arresto de Castillo. Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre Perú y México se han deteriorado significativamente.
En febrero de 2023, ambos países redujeron sus relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios, después de que México otorgara asilo político a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y a sus dos hijos. Además, Sheinbaum no invitó a ningún representante peruano a su ceremonia de investidura el pasado 1 de octubre, lo que profundizó aún más la tensión bilateral.
El Caso de Pedro Castillo
Pedro Castillo fue detenido tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto, un movimiento que fue ampliamente condenado como un autogolpe de Estado. Actualmente, cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por este caso y por otro relacionado con presunta corrupción.
El próximo 4 de marzo, comenzará en Lima el juicio oral contra Castillo, en el que el Ministerio Público solicita una pena de 34 años de prisión por los delitos de rebelión y abuso de autoridad.
Reacciones y Perspectivas Futuras
La postura de Sheinbaum ha generado indignación en sectores del gobierno peruano y de la opinión pública, quienes ven en sus declaraciones una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país. Para muchos peruanos, Castillo no es una figura política neutral, sino alguien que intentó socavar las instituciones democráticas.
Por otro lado, el apoyo de México a Castillo refleja la continuidad de una política exterior basada en la solidaridad con líderes progresistas enfrentados a procesos judiciales o políticos. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por priorizar intereses ideológicos sobre el respeto al Estado de derecho y la soberanía de otras naciones.
Conclusión: Una Crisis Diplomática Profunda
La disputa entre Perú y México pone de manifiesto las tensiones que surgen cuando los principios de no intervención chocan con agendas políticas externas. Mientras el gobierno peruano insiste en que Castillo debe enfrentar la justicia por sus acciones, México defiende su postura argumentando que el exmandatario está siendo víctima de una injusticia.
Este episodio complica aún más las ya frágiles relaciones entre ambos países y plantea interrogantes sobre cómo avanzarán las interacciones diplomáticas en el futuro. Lo cierto es que, mientras persistan estas diferencias ideológicas y jurídicas, será difícil restablecer una relación normal entre Lima y Ciudad de México.
